Con esta medida, que anunció el secretario de estado de Energía, Joan Groizard, en un evento organizado por la Asociación Española del Gas (Sedigas), pretende dar un nuevo impulso a la autonomía energética, la valorización de los residuos, la generación de empleo, especialmente en zonas rurales y la descarbonización de la economía.

El biometano es un gas de origen renovable obtenido a partir del biogás que tiene características similares al gas natural y puede inyectarse en el sistema gasista. La UE alienta su producción tanto para alcanzar los objetivos de energías renovables, avanzar en materia de economía circular, y generar empleo, especialmente en zonas rurales, como para disminuir cuanto antes la dependencia de las importaciones de gas fósil.

En España la producción de biometano se ha incrementado sustancialmente en los últimos años: si en 2021 sólo había una planta de biometano en operación, a principios de 2026 ya había 23, con 21 inyectándolo en los gasoductos existentes del sistema gasista, con una capacidad total de producción de casi 1,4 teravatios hora (TWh) anuales.

El Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec) 2023-2030 establece el objetivo de alcanzar una producción de biogás de 20 TWh en 2030. El proyecto de decreto responde al mandato establecido por el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, que también prevé la implementación de un sello de excelencia social, territorial y ambiental, para las plantas de producción de biometano, que ya está en tramitación.

De acuerdo con la demanda de gas natural prevista en el Pniec y estimada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 6% de cuota mínima contemplado para 2035 equivaldría a cerca de 10 TWh de biometano.

Para cumplir con la obligación, el biometano deberá disponer de la correspondiente Garantía de Origen de biometano. Estarán exentos del cómputo los consumos de centrales de ciclo combinado y de cogeneración, así como los de territorios insulares. Tampoco se consideran los consumos destinados al transporte terrestre, marítimo o aéreo, contemplados en la normativa específica para fomentar la energía renovable en el transporte, actualmente en tramitación.

Transición Ecológica establecerá un procedimiento para controlar el cumplimiento de la obligación, que también determinará la forma de remitir la información necesaria para acreditarlo. El incumplimiento de la obligación tendrá la consideración de infracción muy grave.