Así lo indicó Llop en rueda de prensa en La Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros, donde aseguró que con esta ley se van a acabar todas las “pruebas invasivas” para determinar si una persona es o no mayor de edad. “Hoy damos un gran salto, un salto hacia adelante”, añadió la ministra.

Con esta ley, continuó, el procedimiento para determinar la edad de los menores se hará con un procedimiento “más ágil, simplificado, más garantista, escuchando siempre a los menores y bajo los principios de dignidad del menor y del superior interés de su persona”. “La norma que hoy echa a correr viene a otorgar una mayor seguridad jurídica”, agregó.

Asimismo, afirmó que regula de “forma completa” un nuevo procedimiento de evaluación de la edad, deja de tener carácter administrativo y se convierte en un procedimiento de naturaleza “exclusivamente judicial” que determinará la mayoría o minoría de edad con “pleno respeto” a los derechos de los menores que deban pasar por este proceso.

Llop incidió en que el menor “siempre” va a ser escuchado y garantizó que no habrá “bajo ningún concepto pruebas invasivas”, no se permitirá que se hagan desnudos integrales, tampoco inspecciones ginecológicas ni todas aquellas que puedan ser “atentatorias” contra la dignidad de los menores.

En su intervención, comentó que esta norma se aplicará cuando haya que determinar la mayor o menor edad de la persona y existan dudas sobre su edad y podrá ser solicitada por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de los menores o por la propia persona interesada, siempre asistida con su defensa jurídica. Es decir, también será aplicable la asistencia jurídica gratuita, incluso aunque la persona tuviera recursos suficientes para litigar.

A su vez, la ministra de Justicia apuntó que un plazo máximo de 25 días deberá estar resuelto este procedimiento por una sentencia que accederá al registro civil y que tendrá efectos “plenos” en el ámbito público y privado, es decir, “tendrá efectos para todo los recursos sociales y administrativos”.

DILGIENCIAS

Al mismo tiempo, Llop puso en valor la “dimensión” que tiene este nuevo procedimiento, ya que solo en el año 2020 se incoaron casi 5.000 diligencias preprocesales en este sentido. Estas diligencias se hacían por la Fiscalía y daban lugar a una resolución de la determinación de la edad a través de un decreto contra el que “no cabía recurso”.

Ahora, Llop aclaró que, aunque el procedimiento sea distinto, no se van a crear nuevos juzgados, sino que se van a atribuir las competencias bien a los juzgados de menores, cuando se trate de personas sobre las que existen dudas en cuanto a su mayoría o minoría de edad, existiendo la presunción de la minoría de edad, y en los demás casos la competencia será de los juzgados de familia.