Las dos reuniones se celebraron a las 16.30 horas en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y estuvieron encabezadas por el ministro Ángel Víctor Torres y por el consejero de la Presidencia del Govern, Albert Dalmau. También participó la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero.

En esta cita se trataron tres de los acuerdos centrales entre el Govern y ERC para las cuentas catalanas: el impulso de la línea orbital ferroviaria, la puesta en marcha de una sociedad estatal de inversiones en Cataluña y la modificación de la mayoría en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pasen a tener el control.

Respecto a la línea orbital ferroviaria, ambos gobiernos acordaron firmar este año un protocolo de colaboración, que posteriormente deberá desarrollarse en un convenio de financiación, con el objetivo de garantizar la redacción de los estudios y proyectos, y la ejecución de las obras necesarias para el desarrollo progresivo de esta infraestructura.

Para ello, ambos gobiernos anunciaron la constitución de un grupo de trabajo para la redacción del protocolo, que deberá incluir la definición de fases, el esquema de prioridades, la identificación de las actuaciones y el calendario de desarrollo de los tramos. Con el fin de impulsar el proyecto, anunciaron también la creación de forma inmediata una mesa específica de seguimiento para la coordinación técnica e institucional. Una vez constituido el consorcio de inversiones, este asumirá las actuaciones de impulso y desarrollo del proyecto.

CONSORCIO DE INVERSIONES

En segundo lugar también se acordó impulsar un nuevo modelo de "gobernanza compartida" para acelerar y mejorar la planificación, la ejecución y el seguimiento de las inversiones estatales en Cataluña, según apunta un comunicado firmado por ambos gobiernos. La iniciativa parte de la constatación, por parte de ambos ejecutivos, de que la inversión en infraestructuras es una de las principales políticas públicas para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión social, ya que sostiene los servicios y las redes sobre las que se desarrolla la actividad económica y la vida cotidiana de la ciudadanía.

El acuerdo responde también a los déficits estructurales acumulados en infraestructuras estratégicas en Cataluña, evidenciados especialmente en la red ferroviaria de Rodalies y en la AP-7, con afectaciones directas sobre la movilidad, la calidad de vida y la capacidad productiva del país.

En este contexto, el acuerdo prevé la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones, concebido como un órgano de coordinación estratégica, seguimiento y supervisión de las actuaciones inversoras del sector público estatal en Cataluña. El nuevo ente, según explicaron, quedará adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Asimismo, se constituirá la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Cataluña, participada por ambas administraciones, con el objetivo de dotar de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad operativa a la ejecución de estudios, proyectos y obras vinculadas a infraestructuras y otras inversiones públicas.

El acuerdo también prevé la creación de un consejo asesor con participación de agentes sociales y económicos y expertos independientes, así como un grupo de trabajo entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transportes y la Generalitat para desarrollar los cambios normativos y estatutarios necesarios para poner en marcha los nuevos instrumentos.

También se acordó la constitución de un nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona que tendrá la siguiente participación: un 45% la Administración General del Estado, un 40% la Generalitat y un 15% el Ayuntamiento de Barcelona. Ambos gobiernos acordaron conservar la denominación histórica del consorcio y la presidencia continuará asumiéndola el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; mientras que el plenario mantendrá una amplia representación de las entidades económicas y sociales de Cataluña.

USO DEL CATALÁN

Por otro lado, ambos gobiernos acordaron crear un grupo de trabajo que deberá presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año para "explorar mecanismos adicionales de colaboración" para extender el catalán a otros ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en el territorio de Cataluña.

También acordaron que la Administración General del Estado promueva progresivamente una mayor disponibilidad de la opción de catalán en los recursos de la administración digital, sitios web y trámites electrónicos y para esto, se creará un grupo de trabajo que deberá presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año. Además, ambos ejecutivos acordaron que la Administración General del Estado promueva progresivamente una mayor disponibilidad de la opción de catalán en los recursos de la administración digital, sitios web y trámites electrónicos.

Asimismo, ambas administraciones acordaron impulsar un proyecto piloto de Centro Integral de Atención Ciudadana, concebido como un espacio compartido de atención y acompañamiento administrativo, donde personal de ambas administraciones preste servicios de manera coordinada y facilite a la ciudadanía realizar trámites y gestiones.

Este proyecto, según explicaron, tiene como finalidad avanzar hacia un modelo integral que permita resolver, en un único espacio físico de atención, los trámites y actuaciones que afecten simultáneamente a competencias y servicios de ambas administraciones. Así, mencionaron la necesidad de crear espacios compartidos de atención ciudadana, ubicados en dependencias de la Generalitat y de la Delegación del Gobierno de España en Cataluña.

Así, prevén que facilite llevar a cabo trámites como el acceso y acompañamiento en el uso de las sedes electrónicas y digitales estatales vinculadas a este procedimiento y, respecto a la Generalitat, actuaciones vinculadas a la orientación y acompañamiento en trámites sucesorios y hereditarios, e información sobre prestaciones, así como la coordinación con servicios sociales municipales.

GESTIÓN DEL LITORAL

Por último, el acuerdo también incluye el refuerzo en las competencias sobre la gestión del litoral para impulsar la modificación del Reglamento General de Costas con el objetivo de adaptarlo al marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y consolidar y reforzar así el papel de la Generalitat en la ordenación y la gestión del litoral catalán.

Este acuerdo recoge el compromiso de la Administración General del Estado de promover, en el plazo de tres meses, la reforma del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

Y, por otro lado, en la Comisión Mixta de Transferencias se dio luz verde al acuerdo que garantiza la financiación necesaria para desplegar el cuerpo de Mossos d’Esquadra hasta alcanzar una plantilla de 25.000 efectivos en el año 2030. Este acuerdo de financiación completa y da cumplimiento al pacto ya alcanzado en la última comisión bilateral que ambos gobiernos mantuvieron.

Según informaron, la transferencia del Estado se calculará anualmente a partir de la diferencia entre el número de agentes certificados en el año 2021 (el año de referencia para el cálculo). Esta diferencia se multiplicará por el coste de cada efectivo adicional, fijado en 70.600 euros, para obtener el importe de la transferencia. El acuerdo prevé que el coste de 70.600 euros por efectivo se actualice cada año a partir del IPC.

Así, de acuerdo con el calendario previsto, la transferencia del Estado irá incrementándose progresivamente a medida que se haga efectivo el despliegue, hasta alcanzar, en el año 2030, los 25.000 efectivos.