Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, aportó ese dato este jueves antes en declaraciones a los periodistas en Ponferrada (León) antes de inaugurar un evento de alto nivel sobre transición justa de la Presidencia española del Consejo de la UE.

Recientemente se han cumplido cinco años del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras, firmado el 24 de octubre de 2018 por representantes del Gobierno; los sindicatos CCOO, UGT y USO, y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

En abril de 2020 se formalizó otro acuerdo para las centrales térmicas en cierre, rubricado por el Gobierno; las compañías eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy, y los sindicatos CCOO y UGT. El Grupo EDP se incorporó en marzo de 2021.

Actualmente, hay 15 convenios de transición justa que engloban a 197 municipios repartidos por ocho comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

“Desde 2019, que fue cuando se empezó realmente a invertir dinero, hasta fin de 2023 habremos invertido más de 750 millones en zonas mineras, 950 millones en total en las 15 zonas españolas de transición justa”, indicó Ribera.

Ese dinero, según Ribera, se ha destinado “a restauración minera, a facilitar la jubilación anticipada de las personas más mayores, pero también a acompañar inversiones en infraestructuras, en servicios en los municipios afectados o a diversificación de actividades con potencial crecimiento industrial”.