El ministro de Hacienda, Arcadi España, explicó la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que señaló que se habilita a las comunidades autónomas para poder utilizar el superávit de 2025 para inversiones este año y el que viene, entre las que citó la vivienda.

Indicó que también se habilita a las comunidades con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% al cierre de 2025 para que puedan destinar su superávit a inversiones en lugar de ir a reducir deuda, como obliga la legislación, sin que esto compute para la regla de gasto. Dichas inversiones se ejecutarían en los años 2026, 2027 y 2028.

Arcadi España destacó que de ambas medidas se beneficiarían Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Islas Baleares, Cantabria y Galicia y “supone movilizar casi 4.000 millones para inversiones en sus territorios”, según resaltó el ministro. España subrayó que esto es “otra muestra más de que el Gobierno de España es sensible por encima de colores políticos”.

Hacienda ya aprobó medidas similares para los ayuntamientos con superávit y ahora lo extiende a las comunidades autónomas.

Las inversiones financieramente sostenibles son aquellas que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las comunidades autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para poder beneficiarse de ello, las autonomías deben cumplir con el periodo medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.

El real decreto-ley aprobado hoy tiene origen en la negociación mantenida entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias, aunque sus medidas benefician a otras comunidades autónomas.

Asimismo, el real decreto-ley incluye medidas específicas a Canarias por el impacto del volcán de Cumbre Vieja en La Palma en 2021. Se incluye una habilitación específica a Canarias para que pueda destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas destinadas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica y se ampliará al período impositivo 2026 la deducción del 60% en el IRPF a los contribuyentes residentes en dicha isla.

ENTREGAS A CUENTA Y LIQUIDACIÓN

Igualmente, el ministro cifró en 185.593 millones los recursos que recibirán las autonomías en 2027 del sistema de financiación -entregas a cuenta y liquidación-, un 78,6% más que en 2018, lo que representa 81.696 millones más con respecto a ese año, el último de Marino Rajoy.

El ministro dijo que, si en las comunidades autónomas no bajan las listas de espera teniendo más recursos, los ciudadanos “tienen que preguntarse quién gestiona esos recursos” y criticó directamente al PP por hacer “bajadas de impuestos a las rentas altas”, por estar “privatizando y no utilizando estos recursos del Gobierno”.

España enfatizó que esos 185.000 millones “todavía se pueden ver incrementados si la reforma de la financiación se pusiera en marcha”. Reiteró que “hace 17 años” que no se aprobaba un nuevo modelo de financiación, en referencia a la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto del propio Gobierno, el de Cataluña y Canarias. Quiso “desmentir algunos de los bulos” y señaló que el nuevo sistema “beneficia a todas las comunidades autónomas” y el 70% de los recursos van a comunidades gobernadas por el PP.

España pidió “lealtad” a las regiones hacia sus ciudadanos y comentó que Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE y que tampoco apoyaron el sistema de financiación, “se han sentado a negociar” aunque “no ha acabado satisfactoriamente para ellos”.