Según informó este viernes el equipo de la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, la iniciativa, que durará hasta el 11 de octubre, se lleva a cabo en el Aula Virtual, del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe (Intercoonecta).

Llop señaló que este proyecto, desarrollado en el ámbito de la interoperabilidad con Iberoamérica, “avanza en el entorno del proyecto el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (Ecris) para la creación de un espacio de intercomunicación digital de intercambio de información entre estos registros con nuestros países hermanos”.

Entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de este año, Justicia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) mantendrán diversas reuniones con representantes de países latinoamericanos y del Caribe para avanzar en un proyecto piloto sobre el intercambio de información de antecedentes penales con países de Iberoamérica.

TRATADOS BILATERALES

Durante su desarrollo, se abordarán cuestiones como la exploración de un marco jurídico efectivo para el intercambio de información, los tratados bilaterales necesarios entre países, la optimización del sistema Ecris, y la presentación de herramientas informáticas diseñadas para agilizar los procesos de comunicación y gestión de antecedentes penales.

El objetivo de este proyecto, apuntan desde el ministerio, es permitir que los órganos judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la magistratura y fiscalía, puedan acceder al historial delictivo de un ciudadano.

Con esta iniciativa se pretenden reducir los tiempos en los procesos para conocer los antecedentes penales, con independencia de en qué países haya sido condenada una persona en el pasado. Actualmente, España está trabajando con países como Argentina, Chile, Costa Rica y República Dominicana.

Concretamente, con Argentina se ha avanzado en esta línea mediante la firma de un memorando de entendimiento, llevada a cabo por los gobiernos de ambos países el pasado 30 de junio, en el marco de la XXIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), celebrada en Madrid.