Así consta en la declaración conjunta aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión de este martes a instancias de los ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Asuntos Exteriores, UE y Cooperación con ocasión del Día Mundial de las personas consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, y en la que el Ejecutivo “reafirma” su “compromiso” con la defensa y promoción de los derechos de las personas consumidoras como “pilar esencial para el bienestar social, el correcto funcionamiento de los mercados y el fortalecimiento de una economía justa, sostenible e inclusiva”.

En este sentido, el Gobierno de España “reafirma” su “compromiso” con el desarrollo de una economía digital “centrada en las personas, en especial”, en la que la innovación tecnológica vaya acompañada de “garantías efectivas de transparencia, equidad y protección” de las personas consumidoras y usuarias, “con especial atención a los niños, niñas y adolescentes”.

“Uno de los desafíos que enfrentamos en los mercados digitales es el uso creciente de sistemas de fijación de precios dinámicos y personalizados, basados en el análisis automatizado de datos y en la elaboración de perfiles de las personas consumidoras”, abundó, al tiempo que indicó que, si bien estas herramientas pueden contribuir a “nuevas oportunidades económicas”, su utilización plantea “importantes retos” en términos de “transparencia, discriminación algorítmica y protección” de las personas consumidoras, “especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.

El Ejecutivo ve “esencial” el hecho de garantizar que la utilización de estas tecnologías “respete plenamente los derechos de las personas consumidoras y la normativa europea vigente” y “en particular” las obligaciones de transparencia establecidas en la Digital Services Act, así como las disposiciones relativas a las prácticas comerciales desleales y a la información precontractual recogidas en la normativa.

PRECIOS DINÁMICOS

Asimismo, avanzó que continuará “impulsando” el desarrollo de medidas que permitan “reforzar” la transparencia en la personalización de precios y en el uso de sistemas automatizados de decisión en las relaciones de consumo, garantizando que cualquier persona disponga de información “clara” sobre los criterios que influyen en las ofertas comerciales que recibe en el entorno digital y garantizando el acceso “equitativo” a productos y servicios en cualquier circunstancia.

Por otra parte, con relación al crecimiento del comercio electrónico y la expansión de las grandes plataformas digitales, que han incrementado la presencia en el mercado europeo de productos comercializados por operadores establecidos en terceros países, estimó que este fenómeno “exige reforzar los mecanismos de supervisión” para garantizar que todos los productos que se comercializan en el mercado interior cumplen “plenamente” las normas europeas de seguridad, calidad e información a las personas consumidoras, evitando con ello prácticas de competencia desleal hacia los operadores económicos establecidos en territorio europeo.

En este sentido, el Gobierno de España continuará promoviendo la aplicación “efectiva” del Reglamento de Seguridad General de los Productos, así como las obligaciones reforzadas para las plataformas digitales previstas en la Digital Services Act, con el objetivo de asegurar que los productos ofertados en plataformas en línea cumplen de igual forma con la normativa europea y que las plataformas colaboran “activamente” con las autoridades en la retirada de productos inseguros o ilícitos.

“El Gobierno seguirá trabajando, en cooperación con las instituciones europeas y con las autoridades nacionales competentes, para reforzar la vigilancia del mercado, mejorar la responsabilidad de las plataformas digitales y garantizar una protección efectiva de las personas consumidoras”, apostilló, al tiempo que expresó su “compromiso” con la “construcción de una economía digital justa, transparente y al servicio de las personas”.