El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Congreso y recogida por Servimedia, donde el PP había pedido información sobre el control de los subcontratistas que trabajan para el sector público, ante los informes policiales que apuntan que este sistema fue usado por excargos públicos y empresarios investigados en causas por corrupción.

Así, el juez Ismael Moreno de la Audiencia, que instruye la parte del ‘caso Koldo’ sobre el presunto amaño de adjudicaciones de obras, trata de determinar si el sistema de subcontratas se usó para cobrar comisiones en adjudicaciones por valor de 625 millones de euros que aprobaron ADIF y la Dirección General de Carreteras.

Los informes de la Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado apuntan a modificaciones presupuestarias e incrementos de plazos injustificados tras las adjudicaciones iniciales durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) sitúan el foco en la firma Servinabar, presuntamente utilizada como subcontrata instrumental para canalizar fondos.

“CAUSAS” DE MODIFICACIONES

A este respecto, el Gabinete de Pedro Sánchez señala, en la respuesta parlamentaria al PP y en lo que respecta a la “fase de ejecución” de los contratos, que trabaja “en la creación de un nuevo anuncio para la publicidad de las prórrogas y en la inclusión de información estructurada sobre más causas de modificaciones contractuales, para otorgar mayor transparencia a este periodo”.

En esta contestación se indica que la idea es que estos desarrollos se encuentren disponibles “en el segundo semestre de 2026” en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Se añade que, desde primavera de 2024, los órganos de contratación “disponen de la posibilidad de publicar el anuncio de finalización del contrato, basado en el formulario E5 extendido de la Comisión Europea, que contiene información clave para conocer, entre otras, la duración real del contrato y el importe finalmente gastado en un contrato concreto”. Adicionalmente, el Gobierno afirma que “el ‘factor electrónico’ (y telemático) es, sin duda alguna, el vehículo para la consecución de la trazabilidad de las operaciones”.

ANTEPROYECTO CON MÁS MEDIDAS

Al mismo tiempo, el Gobierno explica que está en tramitación por el Gobierno el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, actualmente en fase de informes previos a su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros. En el mismo se incluye un “conjunto de medidas específicas” en el ámbito de la contratación pública y que sirve de impulso del Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción anunciado por Sánchez en julio de 2025.

Se afirma que “la transparencia es uno de los ejes claves” de este anteproyecto, por lo que se introducen “diversas modificaciones” en la LCSP para incrementar los “datos objeto de publicación”. Así, respecto a los contratos menores, “se establece la obligatoriedad de introducir la información de cada contrato individualmente, empleando formatos abiertos y reutilizables”.

Igualmente, se modifica la legislación para incrementar los datos disponibles sobre el proceso de licitación, estableciendo “la obligatoriedad de publicación de la puntuación de las ofertas, con expresa indicación de las ofertas incursas en presunción de temeridad, así como el citado anuncio de finalización del contrato”.

Así, el anteproyecto contempla una ampliación de la información a publicar respecto de la ejecución de los contratos públicos, mediante la modificación del artículo 63 de la LCSP (incorpora la modificación del artículo 63.3 para convertir en obligatoria la publicación del anuncio de finalización).