Los nuevos contratos de alquiler que se firmen en Cataluña tendrán que someterse a un límite a partir del próximo 13 de marzo después de que se cumplan 10 días de consulta pública desde la publicación de la resolución por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, la limitación afectará a 140 municipios de la región, incluyendo las principales ciudades catalanas.

Cerca de un año después de dar luz verde a la Ley de Vivienda, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez presentó la semana pasada el nuevo índice de referencia de precios que servirá para controlar los precios de los alquileres en zonas tensionadas.

La importancia de este índice radica en que se tendrán que acoger a estos precios los contratos de alquiler de viviendas pertenecientes a grandes propietarios con 10 o más pisos (o más de cinco, si así lo decide una comunidad autónoma). También lo harán pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler en un período de cinco años, aunque pertenezcan a pequeños propietarios.

La herramienta se ha conformado con datos del IRPF que facilitan los propietarios sobre sus pisos en alquiler que bajan a un nivel de sección censal y establece un rango mínimo y uno máximo en función de determinadas características como la disponibilidad de ascensor o consejería, el estado de la vivienda o el certificado energético.

El Ejecutivo definió como zona tensionada en la norma a aquellos lugares en los que la renta de los hogares dedicada al pago del alquiler o de la hipoteca, además de los suministros, superase el 30% en ambos casos, o bien, que la evolución del precio del alquiler en los últimos cinco años fuera superior en tres puntos a la del IPC.

En el caso de los pequeños propietarios, sus alquileres en vigor no tendrán que acogerse al índice, pero, en caso de firmar un nuevo contrato, deberán referenciar el precio al del inquilino anterior. Además, desde la aprobación de la Ley de Vivienda, todos los contratos tienen limitada la subida anual del precio al 2% el año pasado, 3% este 2024 y, a partir de 2025, a lo que determine un nuevo índice que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe desarrollar.

GRAN CHOQUE

El límite a los alquileres fue uno principales caballos de batalla en el primer Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. En el acuerdo programático firmado a finales de 2019, ambas formaciones acordaron impulsar “las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”.

En concreto, hacían referencia al desarrollo de índices de precios tanto estatal como autonómicos para que se pudieran utilizar por parte de los ayuntamientos y/o comunidades autónomas para “regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.

Ese acuerdo se producía en paralelo a la aprobación por parte del Gobierno de Cataluña de una ley de vivienda autonómica que incluía el desarrollo de su propio índice de precios y el control de precio de los alquileres. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tumbó en marzo de 2022 parte de la norma, incluyendo estos artículos, por vulnerar competencias estatales.

Al comienzo de la legislatura, el entonces ministro, José Luis Ábalos, anunció la intención de aprobar una Ley de Vivienda con la intención de frenar la subida de los alquileres. Durante más de dos años, el control de los precios del alquiler fue uno de los principales escollos para que la norma saliese adelante. Los socialistas siempre defendieron los incentivos fiscales a propietarios como medida para estimular la oferta en alquiler, mientras que los morados, EH Bildu y ERC apostaron por introducir controles.

En febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera vuelta, tras lo cual comenzó su trámite parlamentario. Se trataba de un texto que disgustó a los socios del PSOE, ya que contemplaba las bonificaciones fiscales y sólo contemplaba limitar las rentas de los contratos de grandes tenedores en las zonas tensionadas. Además, se planteaba una moratoria de 18 meses para que el control de precios entrase en vigor.

Tras 13 meses de negociaciones, el Gobierno alcanzó el pasado mes de abril un acuerdo con ERC y EH Bildu para sacar adelante el texto. Finalmente, la norma incorporaba controles a los contratos de alquiler de pequeños propietarios en zonas tensionadas y eliminaba esta moratoria, pese a lo cual el Ejecutivo ha necesitado de 10 meses más para ultimar un índice de precios con el que finalmente aplicar los controles.

ÚLTIMAS QUEJAS

Pese a que la entrada en vigor es inminente, el resultado final del trabajo del Ministerio no ha terminado por convencer al 100% a sus socios. Desde la Generalitat, fuentes de la Conselleria de Territori señalan a Servimedia que habrían preferido combinar el índice estatal con el autonómico que desarrolló el Ejecutivo catalán hace años, ya que fue “lo que se acordó”.

Desde Sumar, dirigentes destacados como Íñigo Errejón o Aina Vidal también trasladaron sus dudas con el índice y la formación solicitó una reunión al Ministerio de Vivienda. Pese a que veían “margen” para hacer cambios, fuentes de Vivienda señalan a Servimedia que la reunión celebrada esta semana fue “técnica”, ya que se explicó el funcionamiento del índice y “no se abrió la puerta” a modificaciones.

Así las cosas, Cataluña será la primera región en aplicar el control de precios y próximamente podrían sumarse Asturias y Navarra, regiones que han “manifestado verbalmente” esta posibilidad, según el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas. En cambio, Castilla-La Mancha no ha negado en público su aplicación, pero su estrategia en vivienda se ha dirigido a aumentar la oferta en zonas tensionadas, mientras que las comunidades gobernadas por el PP ya alertaron de que no controlarían precios.