Así lo confirmó el Ejecutivo en una contestación por escrito recogida por Servimedia, en la que responde a la pregunta que registraron en el Congreso dos diputados del PP el 11 de noviembre para saber si se planteaba “modificar la Ley del Menor tras los últimos crímenes cometidos por jóvenes en Extremadura”. Entre ellos está el caso de tres menores que un mes después fueron condenados a entre cinco y seis años de internamiento por el asesinato de su educadora social en Badajoz el pasado marzo.

Ante esto, desde el Gobierno aseguraron que no tienen “prevista" una modificación de la citada norma, “ni para rebajar la edad penal ni para sancionar con mayor dureza los delitos cometidos por menores”.

Según explicó en su respuesta, llevar a cabo alguna de esas modificaciones “no reducirá la delincuencia juvenil”, haciendo hincapié en este punto en que esta “debe abordarse con firmeza desde la prevención y la educación, al tratarse de personas en pleno desarrollo evolutivo hacia la madurez”. Por ello, considera que la clave es reforzar “los sistemas de protección a la infancia y la adolescencia, así como el apoyo institucional a las familias”.

Como justificación, el Gobierno se remite al artículo 40 de la Convención de Derechos del Niño y a la Observación general n.º 24 (2019) del Comité de los Derechos del Niño, relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. En ella se apunta, entre otros, que “la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando". Al respecto, añade que "es poco probable que comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales”. Al mismo tiempo, recuerda que la “media europea para exigir responsabilidad penal es a partir de los 14 años”.

"REINSERCIÓN SOCIAL"

En este sentido, el Gobierno responde al PP que el sistema español de justicia juvenil “persigue principalmente una intervención educativa enfocada en su reinserción social para evitar nuevas conductas delictivas”, incluyendo medidas judiciales “adecuadas a su interés superior”, que van “desde una mera amonestación hasta un internamiento en régimen cerrado”.

Y sobre los menores de 14 años, recalca que, aunque la ley les exime de responsabilidad penal, “les deriva al ámbito de la protección para intervenir con ellos y, en su caso, con sus familias, a fin de evitar nuevas conductas infractoras”. Así, detalla que en estos casos se promueven “medidas de protección más adecuadas a las circunstancias personales, familiares y sociales” del menor de edad, “que participará, si fuera necesario por razón de presunto delito cometido, en programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad”.

Por último, insiste en que “desde todas las administraciones públicas implicadas en infancia y adolescencia debe trabajarse de forma coordinada por una adecuada gestión de prevención con medidas educativas, sociales y de protección, firmes y eficaces, para evitar los múltiples factores de riesgo en que se pueden encontrar inmersos las personas menores de edad”.

RECHAZO DEL CONGRESO

Esta petición de información del PP se registró siete días antes de que el Pleno del Congreso rechazara una proposición de ley de Vox con este mismo fin. En esta ocasión, los populares se abstuvieron, aunque su diputado Fernando de Rosa dejó claro que “la delincuencia de y entre menores es un asunto serio que preocupa a la sociedad y que exige una respuesta responsable”.

Según defendió entonces, “se podría hablar de una reforma de la ley de responsabilidad penal de los menores, pero de una forma seria y responsable que combine prevención, educación y protección y medidas punitivas proporcionales” para que “los menores se vean protegidos”.

Así, subrayó que “cualquier modificación necesita el aval de expertos, de jueces, de entidades de protección infantil y de la Fiscalía”. “Y si al final se concluye la necesidad de reformar esa ley, hagámoslo”, zanjó.

Por parte del PSOE, Raúl Díaz Marín destacó que "es precisamente la educación el eje transversal que ha de regir e inspirar todo el sistema punitivo en edades tempranas", criticando a Vox por su propuesta al señalar que "la relación que existe entre delincuencia y edad" la realizaban "únicamente por el vector de la inmigración".