Las acciones que podrán optar a la financiación dirigida a acciones humanitarias deben tener una duración máxima de 18 meses y estar centradas en la prevención y preparación ante “desastres, la respuesta a emergencias, la atención a crisis complejas, crónicas y recurrentes, la recuperación temprana y la protección de personas en situación de especial vulnerabilidad”. En total, el Gobierno destinará a estas ayudas 21 millones de euros.

Según el acuerdo aprobado por el Ejecutivo en su último Consejo de Ministros, tendrán prioridad las actuaciones desplegadas por las ONGD en América Latina y el Caribe: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

En segundo término, las ayudas tendrán en cuenta las solicitudes para la puesta en marcha de acciones humanitarias en Asia, Mundo Árabe y Europa: Afganistán, Bangladesh, Iraq, Líbano, Moldavia, Myanmar, Palestina, Paquistán, Siria, Yemen y Ucrania.

Las actuaciones de ayuda centradas en África subsahariana (Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía, Madagascar, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Zimbabue) tendrán una consideración menos prioritaria.

DESARROLLO

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó también el pasado miércoles autorizar a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) otra convocatoria de subvenciones por importe de 53 millones de euros destinada a “la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global correspondiente al año 2025”.

En este caso, los proyectos que pueden optar a las ayudas se dividen en tres tipos: proyectos de desarrollo sostenible dirigidos a lograr un objetivo específico; proyectos de educación que promuevan la lucha contra la pobreza y proyectos dirigidos a atender las necesidades de la Población Saharaui, refugiada en Tinduf (Argelia).