Según aseguraron a Servimedia fuentes del departamento que encabeza Félix Bolaños, el departamento ha autorizado en lo que va de 2026 un total de 232 medidas de refuerzo por valor de casi 7,9 millones de euros, una cifra que supera lo previsto en el convenio vigente, y ha denegado otras 64 al rebasar las peticiones el marco económico pactado.

El Ministerio y el CGPJ mantienen suscrito un convenio que regula la autorización de esos refuerzos, dotado con casi 7,2 millones de euros. Desde marzo está pendiente la firma, por parte del órgano de gobierno de los jueces, de un nuevo acuerdo por valor de ocho millones que todavía no se ha rubricado.

El volumen de denegaciones responde, según el departamento, a que el conjunto de medidas solicitadas por el Consejo asciende a casi doce millones de euros, cerca de cuatro millones por encima del límite fijado en el convenio en vigor. Por ese motivo, sostiene, se rechazaron las peticiones que rebasaban ese tope.

LITIGACIÓN MASIVA

Buena parte de las medidas de refuerzo guardan relación con asuntos de litigación masiva, como las reclamaciones por cláusulas suelo o por incidencias en el transporte aéreo. Para ese tipo de procedimientos se aprobaron medidas por 1,13 millones de euros en el primer semestre de 2026 y por 280.804 euros en el segundo.

Sobre estos asuntos, el Ministerio recuerda que la Ley de Eficiencia establece mecanismos que deberían fomentarse, como el pleito testigo, la extensión de efectos o el concepto de abuso de derecho. El departamento muestra su preocupación porque el CGPJ no aluda a esas herramientas, aprobadas para agilizar estos procedimientos sin coste para la hacienda pública.

Además, subraya que la Ley de Eficiencia está permitiendo una creación récord de plazas judiciales, con una macroconvocatoria de 375 plazas de jueces, 200 de fiscales y 125 de magistrados por el denominado cuarto turno. Por ello confía en que los refuerzos dejen de ser un elemento estructural del sistema.

El departamento respondió así al comunicado que la Comisión Permanente del CGPJ hizo público este mismo miércoles, en el que reclamaba la reconsideración de la denegación. El órgano de gobierno de los jueces expresó su preocupación por una decisión que, advierte, obligará a suspender actuaciones judiciales que considera imprescindibles.

EL CONSEJO RECLAMA

La Comisión Permanente del Consejo, reunida con carácter extraordinario, acordó por unanimidad solicitar al Ministerio que reconsiderase la denegación de la autorización económica previa de las medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España, según el comunicado difundido por el Poder Judicial.

Este órgano mostró su preocupación por la resolución del 29 de junio de 2026 por la que el departamento deniega la autorización económica de múltiples medidas de apoyo, una decisión que, subraya, fue notificada la víspera de la fecha en que esos refuerzos debían aprobarse o prorrogarse, el 30 de junio.

Esa circunstancia, según esta institución, le ha impedido proponer la reconsideración de las medidas o plantear alternativas dentro del margen de sus competencias, con el fin de paliar los perjuicios que, a su juicio, provocará la decisión del Ministerio.

El CGPJ advierte de que la denegación obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que considera "necesarias e imprescindibles" para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso "sin dilaciones indebidas" de ciudadanos y consumidores.