Fuentes del Ejecutivo aclararon que existe una lista elaborada por un departamento del Ministerio del Interior, tal y como publicó este martes 'El Confidencial', que se utiliza para hacer "su trabajo". Desde Moncloa lo justificaron señalando que facilita conocer a todos los responsables que cubren información política ante cualquier línea editorial.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, preguntada al respecto, destacó el "respeto máximo" del Gobierno " a la libertad de prensa" y recordó que "los de entrar con un lanzallamas en Televisión Española o los de 'os vamos a triturar' no somos nosotros", en alusión a Vox y al PP. "Este Gobierno respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree firmemente en la libertad de prensa y actúa con consecuencia todos los días", respondió.

Fuentes del Gobierno también consideraron importante destacar que en esta lista se incluye a "todos" los periodistas, por lo que aseguraron que "esto no es una lista negra", a diferencia de otros, en alusión a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien se acusó de elaborar una "lista negra" de periodistas cuando fue portavoz del Gobierno del expresidente José María Aznar.

"Es un documento para saber lo que hay", señalaron fuentes del Ejecutivo, a la vez que aseguraron con "certeza" que el documento "no ha circulado" y sólo lo tiene el departamento que lo creó para hacer "su trabajo". Según 'El Confidencial', el documento está compuesto por decenas de folios y cuenta con una amplia lista de fichas con fotos y comentarios sobre la adscripción política de los profesionales de los medios, incluidos directivos y asociaciones.

DENUNCIA DE LAS ORGANIZACIONES

Las organizaciones profesionales y sindicales como la FAPE, APM, UGT y CCOO firmaron hoy un manifiesto de la profesión periodística y del derecho a la información en el que denunciaron el señalamiento, las amenazas y las agresiones contra periodistas y advirtieron que no van a "normalizar" este tipo de conductas mientras ejercen su trabajo.

Según detalla el manifiesto, aseguran que la libertad de información “no es una concesión de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones ni de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder”, sino “un derecho constitucional y humano de toda la ciudadanía y una condición imprescindible para que exista una democracia digna de este nombre”.

Las entidades consideran “intolerable” que periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios sean “insultados, perseguidos, amenazados o agredidos” mientras informan desde manifestaciones, concentraciones, conflictos sociales, emergencias u otros escenarios de interés público.

Asimismo, califican de “todavía más grave” que algunos grupos políticos contribuyan a señalar a periodistas concretos, los conviertan en “adversarios personales” o utilicen términos como “terrorista” para referirse a profesionales que están desarrollando su trabajo.

El documento diferencia entre la crítica al trabajo periodístico y las situaciones de intimidación. “El sector periodístico no pide privilegios. Nuestro trabajo puede ser criticado, discutido y cuestionado y, cuando cometemos errores, debemos responder por ellos. Pero una cosa es la crítica y otra muy distinta la intimidación, la amenaza o la agresión”.

Por ello, las organizaciones reclaman a todas las fuerzas políticas y responsables institucionales que “condenen de manera inequívoca cualquier agresión contra profesionales de la información” y abandonen las estrategias de señalamiento personal contra periodistas.

Fuentes del Gobierno señalaron que "respetan la libertad de expresión" manifestada, pero se remitieron a que esta lista empleada "no es una lista negra", sino "de trabajo".