Así, sale a información pública el proyecto de una primera convocatoria de subvenciones a la fabricación de equipos necesarios para la transición a una economía de cero emisiones netas, que podrá asignar más de 750 millones de euros, en función de las necesidades identificadas durante el proceso de información pública.

En concreto, esta primera convocatoria de ayudas, dotadas con fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte), “incentivará” la producción de equipamiento y componentes esenciales de paneles fotovoltaicos, baterías, turbinas eólicas, bombas de calor y electrolizadores.

Las ayudas se enmarcan en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (Perte-Erha), que forman parte de un paquete de 1.000 millones destinado a fomentar la cadena de valor, y que se dirigen a reforzar la autonomía industrial estratégica española, la seguridad energética nacional y el proceso de descarbonización, en línea con las políticas definidas por la Unión Europea.

El Ministerio subrayó que en la valoración de las propuestas se tendrán en cuenta distintos criterios para seleccionar los proyectos más viables y con mayores impactos positivos, buscando la eficiencia en el uso de fondos públicos; criterios estratégicos que prioricen proyectos que den mayor respuesta a las vulnerabilidades existentes en la cadena de valor, entre otros.

La vicepresidenta y ministra Teresa Ribera destacó que “consideramos que no solamente basta con cambiar el color de las moléculas o los electrones; las industrias que hay detrás, los servicios que hay detrás, son, precisamente, la gran oportunidad para reindustrializar y modernizar nuestro tejido productivo. Por eso queremos que la atención a la cadena de valor industrial esté presente en el proceso de cambio, por eso queremos dedicar más de 750 millones de euros a este programa”.

Por último, el Ministerio añadió que, teniendo en cuenta el carácter “innovador” de estas ayudas, se abre el proceso de información pública de las bases reguladoras y del proyecto de resolución de la primera línea de incentivos a la cadena de valor renovable, de modo que hasta el 15 de marzo los agentes sectoriales y públicos interesados podrán realizar aportaciones de mejora para dar respuesta a las necesidades que se hayan identificado.