La medida se incluye en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, y se trata de una de las 31 reformas que todavía faltaban por implementar como parte del Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno.

Así, el Consejo de Ministros aprobará este martes la medida que obligará a todos los medios, grandes y pequeños, a hacer pública su propiedad, para que los lectores, oyentes y espectadores puedan conocer quienes son sus dueños por si hubiera conflictos de intereses, y, por otro lado, prohibirá que ningún medio pueda tener del total de sus ingresos más de un 35% de publicidad institucional o dinero público.

Fuentes del Ministerio explicaron que con esta norma se pretende desde el Ejecutivo conocer cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos y adaptar el ordenamiento jurídico nacional al la ley europea de Libertad de los Medio de Comunicación, que entró en vigor desde el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea.

Por lo tanto, será el ministro Óscar López quien será el encargado de adaptar el desarrollo normativo de los nuevos acuerdos en Europa para hacer frente a la desinformación, a los bulos, o también al uso fraudulento de la inteligencia artificial. Las mismas fuentes recordaron que la normativa europea "obliga a divulgar quién posee los medios de comunicación y las fuentes de financiación pública o de publicidad institucional".