Así lo anunció Saiz en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en Moncloa, en la que señaló su aprobación para recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional al entender que se vulnera la dignidad e integridad moral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

A juicio del Ejecutivo, la normativa autonómica vulnera principios constitucionales esenciales, así como las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Desde el Ministerio de Memoria Democrática apuntaron que la norma se impugna con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que ha apreciado que la Ley vulnera el deber de colaboración que les corresponde a las comunidades autónomas para el cumplimiento de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, de conformidad con el artículo 149.1.1 de la Constitución.

Esta idea se complementa con la referencia a que, de conformidad con los criterios del TC, la singularidad de este título competencial, el 149.1.1, implica la necesidad de que se identifique el derecho fundamental que se vulnera conjuntamente, entendiéndose vulnerados tanto el deber de colaboración como también los artículos 10 de la Constitución (que establece la dignidad de la persona) y el artículo 15 (derecho e integridad moral), señalaron desde el Ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres.