Fuentes del Gobierno afrontan con "tranquilidad" la declaración de Ábalos ante el Supremo y también la de su exasesor Koldo García el jueves, investigados sobre una presunta trama de corrupción en la que presuntamente cobraron 'mordidas'.

Desde el Ejecutivo rechazan que exista 'lawfare' en esta causa, como sí defiende el abogado del exsecretario de Organización Santos Cerdán. Asimismo, repiten como mantra "máximo respeto a las actuaciones judiciales" asegurando que también los acusados tienen el derecho a ejercer su defensa, al mismo tiempo que se desvinculan de la causa.

Fuentes del Ejecutivo esgrimen que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ya dejó claro" que no existe financiación irregular en el PSOE y así lo declaró hoy en una entrevista en La Ser, recogida por Servimedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El informe de la Guardia Civil, lo que viene a atestiguar es lo que ha venido defendiendo el Partido Socialista desde el inicio de esta situación que estamos viviendo con el antiguo secretario de Organización", defendió Sánchez para reiterar que el sistema es "acorde con la ley de financiación de partidos políticos porque todos los gastos han sido contabilizados, han sido acreditados y han sido auditados". "No hay descuadres", dijo rotundo.

Desde Moncloa no se atreven a aventurar si mañana el magistrado que instruye la causa, Leopoldo Puente, decidirá enviar a prisión a Ábalos, tras detectar el informe de la UCO unos gastos de 95.000 euros de "procedencia desconocida", pero rechazaron que para el Gobierno se produzcan efectos negativos asegurando que permanecen con máxima "tranquilidad".

Asimismo, insisten en que el Ejecutivo ofrecerá toda su colaboración con la Justicia y si fuera necesario y ésta lo pidiera volverá a trasladar "toda la información" que se requiera.