Según el Ejecutivo, el real decreto introduce, con carácter general, un sistema de justificación por módulos y la verificación de doble factor, con objeto de mejorar el conocimiento de alumnos inscritos y disponer de información veraz que mejoren los indicadores de seguimiento.

Igualmente se introducen criterios de moderación del gasto mediante la fijación de limites por tipos de cursos, y también un sistema de penalizaciones cuando se produzcan incumplimientos del programa de formación aprobado, en términos presupuestarios y de número de alumnos. Además, se introducen sanciones por incumplimiento de los criterios que motivaron la concesión de la ayuda y su cuantía.

Otra de las novedades es la obligación de que los beneficiarios de estas ayudas tengan un “vínculo estrecho” con el medio agroalimentario, agrario, ganadero o forestal.

Por último, se modifican las materias sobre las que pueden impartirse los cursos, para que estén alineadas con los objetivos específicos de la Política Agraria Común y así disponer de información sobre acciones realizadas para conseguir cada uno de ellos.