El Gobierno justifica esta medida debido a los cambios y novedades que se han producido en el sector financiero, con la aparición de nuevas alternativas de inversión, lo que hace necesaria la adaptación de los instrumentos de previsión social complementaria.

El objetivo es ofrecer más posibilidades a los inversores para incrementar la rentabilidad de estos productos, reforzar la seguridad de las inversiones y la protección a los partícipes, aumentar la eficacia en la gestión y dotar al sistema de mecanismos adecuados de control de las operaciones y los riesgos.

La norma también desarrolla los planes de previsión social empresarial y regula obligaciones específicas de información a los trabajadores y sus representantes sobre la evolución de sus derechos económicos.

Además, establece que sólo habrá un único instrumento de previsión social con tratamiento fiscal específico en el seno de cada empresa, bien un plan de pensiones o un plan de previsión social empresarial.

El reglamento fomenta también la competencia y la libre elección y amplía las posibilidades en materia de movilizaciones entre los distintos instrumentos de previsión social complementaria con idéntico tratamiento fiscal.

En materia de inversiones, se actualiza la relación de activos aptos y se da entrada, por ejemplo, a los derivados de crédito y no financieros o a los fondos de inversión libre.