El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrita enviada al Senado el pasado 24 de febrero, sólo cuatro días antes de que israelíes y estadounidenses comenzasen a bombardear centros estratégicos y de poder de Irán.

El Gabinete de Pedro Sánchez alude a este asunto en una contestación al senador José Antonio Monago, quien había preguntado sobre las protestas en Irán de finales del año pasado; la “elevada mortalidad” generada por el régimen de los ayatolás y que este proclamara, antes del ataque de Israel y EEUU, que estaban "totalmente preparados para la guerra". Para este parlamentario, esto configuraba “un escenario de grave inestabilidad interna y riesgo de escalada externa”.

A este respecto, el Gobierno, en esta respuesta del 24 de febrero recogida por Servimedia, afirmó que España seguía “con gran preocupación la situación de derechos humanos en Irán”.

“TERRORISTAS Y AGENTES EXTRANJEROS”

El Gabinete de Sánchez añadió que apoyaba “toda iniciativa multilateral que investigue y condene las violaciones de derechos cometidas contra la población iraní”.

A este respecto, las últimas protestas en Irán estallaron el 28 de diciembre pasado, impulsadas por la crisis económica y la situación política del régimen. Las manifestaciones se extendieron a más de cien ciudades en pocas semanas y fueron consideradas como un levantamiento popular similar al que se dio en 1979.

Como respuesta, el régimen iraní empezó una represión a gran escala que incluyó armas de guerra y francotiradores y órdenes de disparar a matar contra manifestantes desarmados. A este respecto, ‘Human Rights Activists in Iran’ habló de, al menos, 7.000 fallecidos; el Gobierno admitió unos 3.100 y algunos balances elevan la cifra hasta 32.000 víctimas en el conjunto de la represión.

Al mismo tiempo, desde la jefatura del régimen de Teherán se calificó a los manifestantes de “terroristas” y “agentes extranjeros” y se prometió aplastar las “conspiraciones” contra la República Islámica. A este respecto, el entonces lider supremo del país, Ali Jameneí, muerto el 28 de febrero por un bombardeo israelí, ordenó “aplastar las protestas por cualquier medio necesario”, mientras el Estado imponía apagones de Internet para ocultar la magnitud de la represión.