En un comunicado, estas organizaciones reclamaron al Gobierno el establecimiento de esta exención para las indemnizaciones previstas en la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una exigencia planteada ya antes incluso de su aprobación.

“El argumento que hemos repetido hasta la saciedad para defender esta exención es que el Estado español tiene responsabilidades al haber retrasado la prohibición del uso de este cancerígeno hasta junio de 2002, a pesar de conocer la evidencia científica sobre sus efectos para la salud con décadas de antelación”, agregaron las tres organizaciones.

Además, en ese momento ya existían colectivos que tenían reconocida la exención, como las víctimas del amianto, la talidomida o el VIH. “Desde nuestras organizaciones siempre hemos defendido que estos colectivos son perfectamente merecedores de la exención, pero que las víctimas del amianto también lo son y de no reconocerles ese derecho estarían siendo tratadas como víctimas de segunda categoría”, abundaron.

En este sentido, lamentaron que el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, no diera respuesta en la última reunión y dijera que tienen que estudiar la medida. La próxima reunión con él se celebrará el 10 de junio.

Además, destacaron que las cuantías previstas para las indemnizaciones del fondo de las víctimas del amianto son claramente insuficientes. El mayor importe previsto es de 96.621,24 euros para los casos de mesotelioma pleural, muy inferior a las cantidades que se obtienen por sentencia judicial. Este mismo mes de mayo, el Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao, ha dictado una sentencia con una indemnización de 663.933,60 euros para los herederos de un trabajador fallecido por mesotelioma pleural debido a la exposición al amianto.