El Ejecutivo se refiere a este asunto en una contestación al PP recogida por Servimedia, después de que este partido preguntara en una iniciativa suscrita por la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, y otros representantes de esta fuerza política.

En concreto, la formación popular se refería en su pregunta a que “las investigaciones en torno al caso Plus Ultra han revelado una posible trama de interferencia institucional destinada a limitar su alcance y proteger a figuras políticas del pasado, en particular al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según revela la prensa española”.

Los de Alicia García citaban como elementos de sospecha “la percepción creciente dentro de los propios cuerpos policiales, especialmente en la Guardia Civil, de que determinadas causas de alto perfil están siendo dirigidas para evitar responsabilidades de mayor nivel”.

“MÁXIMO RESPETO” A LOS JUECES

En su contestación, fechada el 23 de febrero, antes por tanto de conocerse la imputación del expresidente, el Gobierno afirma que “tiene el máximo respeto al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Apunta que, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actúa como Policía Judicial, lo hace “siguiendo las instrucciones de los jueces y fiscales que dirigen las investigaciones” y en las que el Ejecutivo “no interfiere”.

El Gabinete de Pedro Sánchez añade que ningún cambio en las direcciones de la Policía y la Guardia Civil tiene motivos políticos, sino que responde a las normas de estos cuerpos sobre relevos en los mismos.

La respuesta añade que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedican su trabajo a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana, la prevención y persecución del delito y el mantenimiento del orden público, todo bajo estrictos criterios de legalidad y profesionalidad”.

“Cuando actúan”, se añade, “como Policía Judicial, lo hacen siempre bajo el mando y la tutela de la autoridad judicial y con el fin de auxiliar al procedimiento judicial, investigando delitos, averiguando responsables o recopilando las pruebas solicitadas, siguiendo las órdenes del Ministerio Fiscal, así como de los jueces y tribunales”.