"Nosotros desde 2020 hemos ido aprobando el escudo social. Y lo hemos mantenido en sucesivas prórrogas por diferentes motivos como el covid, la guerra de Ucrania o la inflación descontrolada", explicó Lucas durante un diálogo sobre Vivienda organizado por la Fundación Alternativas en el que participó junto al vicepresidente ejecutivo y director de dicha institución, Diego López Garrido.

En su intervención, el secretario de Estado admitió que la diversidad del arco parlamentario hace que haya que poner "muchas tendencias en común" lo que en ocasiones hace "inviable" poder aprobar determinadas medidas. También reconoció que, en materia de Vivienda, el Gobierno optado por establecer mecanismos que no tuvieran que pasar por el trámite parlamentario ya que por esta vía "todo es mucho más complejo" y "a veces no se puede ni aprobar".

Asimismo, preguntado por otras iniciativas como la reducción de metros cuadrados para construir más viviendas o cambios en los requisitos de habitabilidad, son competencia de las comunidades autónomas. "Ellos tienen esa competencia en materia de vivienda, compartida en materia de urbanismo con los ayuntamientos. Esto hace que no puedas hacer todo porque hay que ser respetuoso con el marco competencial.

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, ANTE EL CONGRESO

Estas afirmaciones de Lucas coinciden con la protesta organizada este martes por distintas entidades sociales, oenegés, sindicatos y organizaciones de consumidores como UGT,CCOO Facua, la Plataforma por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas o Aministía Internacional en la que reclaman que se apruebe esta moratoria que ha suspendido casi 60.000 lanzamientos de familias vulnerables desde su aprobación.

"A un mes de la finalización de la moratoria de desahucios, esta medida no se ha prorrogado ni ampliado, y advertimos que no existen planes de actuación urgente para evitar una previsible y nefasta ola de desahucios sin alternativas", advirtieron estas organizaciones en un comunicado.

Asimismo, las organizaciones indicaron que "es necesario hacer que esta moratoria sea permanente y que se amplíe su cobertura", ya que, según su criterio, no ha funcionado en el 75% de los desahucios debido a "diferentes lagunas tanto en la redacción de la medida como en la interpretación que se hace desde el poder judicial".