Así lo afirmó hoy la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, quien recordó que la situación de Martinsa-Fadesa no es de "quiebra", sino de un concurso de acreedores al que ha accedido de forma voluntaria.

Además, advirtió a la empresa de que ahora "deberá intentar renegociar" su deuda y "buscar una salida" a la situación que atraviesa.

Romero reiteró que la función del Gobierno en este momento es la de "garantizar todos los derechos de los ciudadanos". En este sentido, apuntó que la relación entre los clientes y Martinsa-Fadesa es "contractual", por lo que el Ejecutivo deberá "vigilar para que se cumplan las condiciones de ese contrato".

Respecto a los pisos de Martinsa-Fadesa que están en faseconstrucción, la directora general afirmó que la empresa "tiene la obligación de acabar con las viviendas que ya estén iniciadas".

Sobre la supuesta promesa por parte del Gobierno de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiaría 150 millones de la deuda de la empresa, Romero negó que existiera este compromiso ya que "no es posible".

"No puede ser que se financie o refinancie la deuda de una empresa privada con dinero público", afirmó. En este sentido, subrayó que el ICO "no está para eso, no es su función".