Esa exclusión en la ley nacional causó malestar entre las entidades de protección animal, que consideran a los perros de caza como “los más maltratados en España y los que más protección necesitan”, según la Fundación Animal Guardians.

La ley tuvo una tramitación tortuosa en el Parlamento con serias discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos (entonces, los partidos que sustentaban al Gobierno de coalición) después de que el portavoz socialista, Patxi López, anunciara que su formación registraría una enmienda que excluiría de la norma a los perros de caza, entre otros.

Esa iniciativa, respaldada por la Real Federación Española de Caza (RFEC), suscitó las quejas de colectivos animalistas, con acciones como una manifestación entre el Congreso y la sede federal del PSOE, una concentración en las proximidades de la Cámara Baja, el recorrido de un autobús vinilado con la imagen de un galgo con una soga al cuello y una fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la entrega de más de 325.000 firmas a varios diputados del Congreso.

El Congreso envió el texto al Senado tras un tira y afloja de más de una semana en la Comisión de Derechos Sociales. La norma estuvo a un solo voto de ser rechazada dos veces en la Cámara Alta gracias a algunas propuestas de veto, pero finalmente se aprobó en la Cámara Baja.

Ahora, la Dirección General de Derechos de los Animales, integrada en el departamento ministerial dirigido por Pablo Bustinduy, prepara dos reales decretos que desarrollan la ley de bienestar animal, uno de ellos relativo a las normas básicas de los núcleos zoológicos o agrupaciones de animales de compañía.

DECRETO DE 1975

Derechos Sociales inició el pasado 13 de octubre la fase de consulta pública previa para que las entidades o personas interesadas envíen sus aportaciones sobre ese real decreto de núcleos zoológicos.

Este texto estipulará las condiciones mínimas de alojamiento, control sanitario y bienestar de los animales de compañía mantenidos en instalaciones con actividad económica. higiénico-sanitarias y de bienestar animal que deben de cumplir esos lugares y actualizar la normativa de rango estatal sobre esta materia.

Esa normativa se remonta a un decreto de 1975 y que convive con regulaciones autonómicas dispares que han ido surgiendo para cubrir la falta de actualización sobre esta normativa.

Fuentes de Derechos Sociales aseguraron a Servimedia que, "en principio, se prevé que la norma sea de aplicación a todos los animales de compañía". Sin embargo, el texto desarrollará la normativa que emana de esas agrupaciones de animales: la Ley de Sanidad Animal, de 2003 y cuya aplicación es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

‘MISMOS PERROS, MISMOS DERECHOS’

En una reunión del Consejo Estatal de Protección Animal celebrada el pasado octubre, un alto cargo de Agricultura sentenció que los perros de caza son animales de producción y que será su departamento el que los regule, lo que abrió la puerta a que esos animales queden fuera del reglamento de núcleos zoológicos.

En este sentido, la regulación de los perros de caza en los núcleos zoológicos quedaría limitada esencialmente a requisitos de identificación y registro, sin establecer estándares específicos de bienestar, condiciones mínimas de alojamiento o mecanismos efectivos de supervisión.

Sin embargo, el movimiento animalista se movilizó al considerar que se trataba de un nuevo intento de desproteger a los perros utilizados para la caza y de trabajo en la futura normativa de núcleos zoológicos de animales de compañía, lo que dificultaría la denuncia y la persecución de los casos de maltrato en rehalas y otras instalaciones vinculadas a la actividad cinegética.

Por ello, impulsaron la campaña ‘Mismos Perros, Mismos Derechos’, con un manifiesto dirigido al ministro Pablo Bustinduy y secundado por más de 260 organizaciones de protección animal y más de 44.000 firmas, que reclamaban la igualdad de todos los perros ante la ley.

“RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO”

Esa situación ha cambiado tras una reciente reunión del director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, con representantes de diversas entidades de protección animal.

Durante el encuentro, las organizaciones trasladaron la necesidad de que todos los perros -incluidos os utilizados en actividades cinegéticas y los considerados ’de trabajo’- queden expresamente incorporados dentro del ámbito de aplicación del futuro reglamento sobre núcleos zoológicos.

Los animalistas defendieron que la norma debe garantizar estándares homogéneos de protección, bienestar y control administrativo con independencia del uso asignado a los perros.

Becerra expresó su compromiso de que todos los perros sean incluidos en el texto del real decreto, actualmente en elaboración desde la Dirección General de Derechos de los Animales.

Las entidades de protección animal entendieron esa posición como un “reconocimiento explícito” a su demanda, aunque apuntaron que el compromiso será evaluado “únicamente en función de su reflejo efectivo en el articulado de la norma en las fases públicas de tramitación”.

Por ello, mantienen una posición de “cautela” ante el desarrollo del proceso normativo y no darán por “consolidado” ningún avance hasta comprobar su concreción jurídica.

“PASO IMPORTANTE”

Asimismo, anunciaron que harán un seguimiento técnico y público de la tramitación para verificar que la inclusión de los perros llamados de caza y de trabajo se materializa en “disposiciones claras y plenamente exigibles”.

"Este compromiso supone un paso importante, pero no definitivo. Las organizaciones estaremos vigilantes hasta que la inclusión de los perros de caza quede claramente recogida en el texto legal. Todos los perros deben tener los mismos derechos y la misma protección, sin excepciones”, según Mati Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam).

Marta Esteban, de la Fundación Animal Guardians y coportavoz de la campaña ‘Mismos Perros, Mismos Derechos’, señaló: “Continuaremos analizando cada fase del procedimiento con el objetivo de garantizar que el contenido final del Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía responda a criterios de coherencia normativa y protección efectiva de todos los perros. No descartamos futuras movilizaciones hasta que esto sea así”.

“La futura regulación constituye una oportunidad clave para corregir desigualdades históricas en la aplicación de estándares de bienestar animal. La sociedad civil mantendrá un control activo sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso”, indicó Finalmente, Arancha Sanz, abogada animalista y portavoz de SPAP Madrid.