El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta al Portal de Transparencia, a través del cual un ciudadano había preguntado a finales de 2025 sobre lo ocurrido con el dinero de la red delictiva de la que formaron parte Luis Bárcenas y otras personas.

En una respuesta dada este año y recogida por Servimedia, se explica que esta información no puede ser facilitada, porque su “divulgación” afectaría a “la necesidad de proteger la investigación de los delitos investigados en un procedimiento sub iudice”.

Esta contestación es dada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ya que de este departamento depende la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional.

“PERJUICIO” PARA LA CAUSA

A este respecto, la petición solicitada pedía datos sobre “la transferencia de fondos desde Suiza en el caso Gürtel, según comunicado de la Fiscalía Anticorrupción de 17 de febrero de 2022”. Por ello, se demandaba al Ejecutivo detalle sobre las “solicitudes de auxilio judicial internacional cursadas a Suiza”.

La petición tenía que ver con un comunicado que la Fiscalía Anticorrupción emitió el 17 de febrero de 2022. Entonces anunció a que Suiza había comenzado a desbloquear y transferir a España los más de 43 millones de euros depositados en diversas entidades bancarias por algunos de los condenados por la 'trama Gürtel'. La mayor parte de los fondos estaba bloqueada desde 2009, cuando estalló el caso de corrupción.

Según indicó el Ministerio Fiscal, las transferencias suponían ejecutar la sentencia principal del caso Gürtel dictada por la Audiencia Nacional, que fue confirmada a finales de 2020 por el Tribunal Supremo.

El Ejecutivo responde que no puede dar información sobre el resultado de esta petición de la Fiscalía, ya que revelar los datos que se pedían supondría “un perjuicio para la investigación de los ilícitos penales tal y como establece el artículo 14.1 e), motivo que encuentra apoyo constitucional en el artículo 105 b) de la Carta Magna que permite a la Administración denegar el acceso cuando afecte a la averiguación de delitos”.

“Es evidente”, añadía la contestación, “que la información que se solicita forma parte de un procedimiento penal, por lo que con la divulgación de la información solicitada se vería afectada la necesidad de proteger la investigación de los delitos investigados en un procedimiento sub iudice, resultando de plena aplicación el motivo de denegación recogido en el artículo 105 b) de la Constitución y que recoge igualmente el artículo 14.1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información que sirve de base a la solicitud”.