Así figura en una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores remitida a través del Portal de Transparencia a una ciudadana, que se había interesado por esta cuestión. En concreto, en esta contestación a la que ha tenido acceso Servimedia, la solicitante quería conocer de forma exhaustiva las gestiones que el Gabinete de Pedro Sánchez había realizado ante el régimen chavista para ayudar a españoles o hispano-venezolanos perseguidos políticamente.

Así, en la petición se requería "copia de toda la documentación en poder de Exteriores relacionada con las gestiones diplomáticas y consulares realizadas para la protección de los derechos de ciudadanos españoles detenidos en Venezuela durante el año 2024".

También demandaba “registro de comunicaciones oficiales entre la Embajada de España en Caracas y Exteriores sobre incidentes que afecten a la seguridad o bienestar de ciudadanos españoles en Venezuela desde 2024”; “listado de reuniones mantenidas entre representantes diplomáticos españoles y autoridades venezolanas “informes de situación elaborados por la Embajada de España en Venezuela sobre política y derechos humanos"; y “protocolos de actuación vigentes de Exteriores para la protección de ciudadanos españoles en situación de riesgo en Venezuela”.

EVITAR “PERJUICIO” DIPLOMÁTICO

A este respecto, sobre estos “protocolos” de ayuda a españoles, el Ejecutivo precisa que “no existe documentación alguna en la que conste la información requerida”.

Sobre el resto de la información solicitada, se afirma que “con carácter general, la divulgación de las comunicaciones entre el Gobierno de España y otros Estados u organizaciones internacionales” está amparada por la legislación. Esta contempla que “la divulgación de la información puede suponer un perjuicio para las relaciones exteriores, por lo que, si se infringe el deber de confidencialidad que obliga al Estado y se publican unos documentos como los solicitados por la interesada, se perjudicará el mandato supremo de protección de las relaciones exteriores en la medida en que se puede generar desconfianza”.

Se añade que esta valoración se sustenta sobre en la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, igualmente recogida en la R/390/2022 del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Se alude a que este órgano subraya que "la divulgación de cuestiones o documentos que estén relacionados con las relaciones diplomáticas de España con terceros Estados u organizaciones internacionales, puede tener implicaciones sobre el futuro y desarrollo de las mismas".