Izquierdo, nacido en 1974 en la localidad de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por Icade y licenciado en Derecho por la misma universidad, y ha desarrollado su carrera profesional en labores directivas en empresas públicas y privadas, siendo hasta ahora presidente de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa). Además, también ha ejercido como docente en el Instituto de Empresa IE Business School, en Icade y en Deusto Business School, y ha desarrollado también una labor investigadora.

Sobre la gestión de Inés Bardón desde junio de 2018, el Ministerio de Hacienda destacó su objetivo de “modernizar el sistema tributario y adaptarlo a la fiscalidad del siglo XXI”. En este sentido, el departamento dirigido por María Jesús Montero resaltó los “importantes pasos en ese sentido para actuar sobre nuevas áreas de negocio de la economía digital que no tenían un reflejo adecuado en el sistema impositivo con la introducción de figuras fiscales como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales”.

También destacó Hacienda la creación del ‘Comité de personas expertas para la reforma del sistema fiscal’ que deberá presentar su propuesta el próximo 28 de febrero, añadiendo que el nuevo secretario de Estado será “quien tendrá que analizar ese documento bajo la premisa de que para lograr la justicia social es necesaria la justicia fiscal”.

Hacienda también subrayó la gestión de Bardón en la contribución de España a nivel internacional al acuerdo multilateral para la implementación de dos pilares del programa BEPS de la OCDE para lograr una distribución más justa de los beneficios de las multinacionales y establecer un tipo mínimo global del 15% a grandes compañías, así como el hecho de que España haya introducido dicho tipo mínimo a través de los Presupuestos de 2022.

Por otro lado, el Ministerio destacó la aprobación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal; la modernización de la Agencia Tributaria con la apertura de nuevas Administraciones Digitales Integrales (ADI); y el diálogo con las comunidades autónomas para la reforma del sistema de financiación y la presentación de una propuesta sobre el criterio de población ajustada a aplicar en el futuro sistema, sobre la que las comunidades autónomas deberán hacer sus aportaciones este mes de enero.