Así lo indicaron fuentes de Vivienda, que afirmaron que ambos ministerios “están trabajando” para incorporar estas viviendas en el parque público estatal de alquiler asequible, a través de Casa47 “respetando siempre el marco legislativo propio del Patrimonio de la Seguridad Social”.

El Sindicato de Inquilinas se congratulaba de este compromiso después de que este viernes miembros del sindicato se encerrasen en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social para lograr este propósito.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, celebró esta “victoria” lograda gracias a la “desobediencia inquilina” después de dos años en la que los inquilinos han estado “resistiendo en sus casas, con no renovaciones de contrato y con desahucios invisibles”. La próxima semana habrá una reunión de seguimiento.

Fuentes de Seguridad Social, por su parte, advirtieron que el "patrimonio de la Seguridad Social es único y diferenciado del Patrimonio del Estado, por lo que no es de aplicación directa ni la Ley de Vivienda ni la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que rigen al patrimonio vinculado al Ministerio de Hacienda".

Según su versión, en el caso de algunas viviendas de la Seguridad Social "cuyos contratos de alquiler llevaban años vencidos y sin posibilidad de prorrogarse", la Tesorería les dio "una posibilidad de adquisición preferente a los inquilinos y se puso en contacto con todos ellos para estudiar cada una de las casuísticas y flexibilizar las opciones de compra".

Tras habilitar este canal preferente, del que la mayoría de inquilinos hicieron uso, "se siguieron las indicaciones del Tribunal de Cuentas para enajenar las viviendas que no habían sido compradas", mediante subasta pública, porque, según este órgano, es la mejor manera para garantizar "los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad".