El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto-ley por el que se permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027, como la construcción de viviendas o la mejora de infraestructuras públicas.