Esto servirá para que los recursos generaros en 2024 se destinen a IFS de interés público, sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027, según detalló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

En el caso de que un proyecto de IFS no pueda ejecutarse de forma íntegra antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, y se financiará con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024.

Hacienda recalcó que todos los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 2026.

El Ministerio señaló que este real decreto pretende favorecer la actividad inversora de ayuntamientos y comunidades, aprovechando la situación financiera de muchos territorios.

La aprobación de esta medida responde al anuncio de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconoció incumplimientos con Junts y se comprometió, entre otras medidas, a facilitar las IFS.

INVERSIONES DE IMPACTO POSITIVO

Las IFS son inversiones tienen un impacto positivo a largo plazo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las entidades locales y las comunidades autónomas.

Durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, permiten cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, como explicó Hacienda.

Además, para poder beneficiarse de esta regla especial del destino del superávit presupuestario las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.

Estas Inversiones Financieramente Sostenibles se pueden destinar, por parte de las entidades locales, a la prestación de servicios esenciales, mientras que las comunidades autónomas deben enfocarlo a inversiones con efectos positivos para el cambio climático, contribución a la mejora de la eficiencia energética, o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros.