Señaló que el real decreto-ley, que hoy se somete a su convalidación en la Cámara Baja, ofrece asistencia y ayuda a las víctimas y constituy e una "respuesta extraordinaria" ante la magnitud del siniestro y sus consecuencias. El ministro recordó que no "prejuzga responsabilidades ni interfiere en las investigaciones en curso", pero sitúa "en el centro a las personas afectadas". Añadió que está diseñado en base a tres premisas: la primera es "su carácter inmediato y complementario", la segunda es "la objetivación de los criterios de acceso" y, finalmente, "la proporcionalidad en función del daño sufrido".

De esta forma, se pretende alcanzar una "doble meta", por un lado, un sistema de ayudas "inmediato", "objetivo", y "directo". En paralelo, se hará lo posible para "garantizar que la ayuda llegue en el menor tiempo posible". En lo que se refiere a las personas beneficiarias, dijo que la norma va dirigida a las personas que viajaban en los trenes accidentados, el personal ferroviario que se encontraba en los mismos y que resultaron heridos y los familiares de las personas fallecidas de acuerdo con el "orden y los criterios establecidos en el propio real decreto-ley".

Contempla ayudas no reembolsables en los supuestos de lesiones y fallecimiento y complementariamente se podrá recibir otra ayuda adicional en concepto de anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil. En lo que se refiere al primer tipo de ayudas, a las no reembolsables, en los casos de fallecimiento se podrá obtener "una ayuda directa que supera los 72.000 euros por persona". A su vez, en los supuestos de lesiones, las ayudas se estructuran en distintos niveles según la gravedad con parámetros que van desde los 2.400 euros en los menos graves a más de 84.000 en las lesiones de mayor gravedad.