Así lo reclamó durante la clausura de la jornada ‘Infancia y Adolescencia en la Era Digital: un reto social y legislativo’, organizada por DigitalES en la Cámara Baja y que ha contado con representación del Gobierno, expertos en infancia y miembros de los principales grupos parlamentarios.

El ministro recordó que ante este tema hay “consenso como hay pocos” y recurrió a datos el CIS para argumentar ese planteamiento, pues refleja que el 94% de los ciudadanos creen que hay que impulsar un marco normativo para proteger a la infancia en el ámbito digital. Para Bolaños este cambio normativo se debe emprender “de la mano del sector privado” y con las compañías y que también debe adoptarse “a nivel internacional”, no sólo por cada país, sino también por las compañías. “Incluso se queda corto que sea a nivel europeo porque los fabricantes pueden estar en China o en India”, reflexionó.

En esta línea comentó que el pasado lunes propuso al ministro de Justicia de la UE que esa legislación se adopte en la Comisión y el Parlamento Europeo. Para el responsable de Justicia, la futura Ley en la que trabaja el Parlamento español establecerá “un sistema de derechos para los menores”, partiendo de los derechos de los menores “a su seguridad, privacidad y su honor” y a tener “información suficiente” para no tener riesgos. También recordó que el texto incorporará una nueva pena en el Código Penal, la del alejamiento digital, tipificará las ‘deepfakes’, señalará como agravante el engaño digital con anzuelos y sancionará la difusión de material pornográfico a menores.

“Es importante que España lidere este debate”, remarcó, asegurando que la propuesta del Gobierno “no tiene ningún horizonte ideológico”, pues sólo “se pretende la protección de los menores”, por lo que lamentaría que los grupos políticos “no atiendan” ese “consenso social”. Bolaños también planteó que la norma dejará “relativamente satisfecho” a “todo el mundo”, también padres y operadores.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Durante la jornada se celebró una mesa política en la que el diputado Juan Luis Pedreño, del Grupo Parlamentario Popular, considera que la ley “no es práctica”, pues “si se aprobara mañana tal cual está no tendrían ninguna validez, porque no da garantías de mejorar el uso problemático de Internet por parte de los menores”. Por ello revindicó seguir un doble camino, de forma que “se impulse a nivel de Unión Europea”, para recabar una mayor acción por parte de las empresas, en cuestiones como la verificación de edad y, a nivel nacional, con fondos adecuados y una mayor concienciación de padres, educadores y profesionales.

La parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Maldonado, presumió como el ministro de la precocidad de las normativas españolas sobre el ámbito digital y comparó que “si a un niño no se le deja conducir un coche, la tecnología puede incurrir en muchos riesgos”. “La ley tiene que hacer que todo lo que es ilegal 'offline' sea ilegal online”, zanjó.

Por el Grupo Parlamentario Vox, Alberto Rodríguez, revindicó que la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución Española otorgan a los padres la potestad de elegir la educación para sus hijos, por lo que animó a leer la exposición de motivos d ela norma que ocupa 16 de las 37 páginas del texto en tramitación. “Los padres, que son los principales responsables de la educación de los hijos, aparecen sólo dos veces mencionados en todo el texto”, subrayó, llamando a la reflexión. “La estrategia nacional va a decir a los padres cómo usar el entorno digital, es una vulneración de derechos de los padres y una injerencia del Gobierno”, concluyó, insinuando que esta norma puede esconder la intención del Ejecutivo de “permanecer en el Gobierno a toda costa”.

El diputado de Sumar Nahuel González extendió el debate sobre el uso de Internet por parte de los menores a una cuestión “ideológica” sobre el modelo de sociedad del futuro. “El beneficio no puede ser a costa del sufrimiento. El odio vende”, apuntó. “Europa tiene la clave para poner los límites a las tecnológicas”, concluyó, haciéndose eco de lo que dicen las familias.

TRAMITACIÓN COMPLEJA

Desde el Grupo Parlamentario Vasco, Nerea Rentería, indicó que la norma va a tener “una tramitación parlamentaria compleja” porque incumbe a empresas tecnológicas, a diversos ministerios y a las comunidades autónomas, pero puso en valor que haya un marco normativo común, pues “Internet no conoce fronteras”.

Antes, en otra mesa redonda, Catalina Perazo, de Save The Children, defendió que “la autorregulación por si misma es insuficiente”, por lo que reclamó una “comisión interministerial para coordinar actuaciones y políticas y hacer un seguimiento de la implementación de la ley y la estrategia que derive de ella”. Nacho Guadix, de Unicef, recordó que Internet “no se hizo pensando en los niños” y en nombre de la Fundación Save On Line (SOL), su directora, Claudia Caso, apuntó al “importantísimo papel de las familias” para establecer hábitos saludables digitales, “pero no pueden hacerlo solos”.

Si las familias supieran las recomendaciones de los expertos no darían a sus hijos el “chupete digital” cuando les llevan en los carritos o quieren que no molesten en un restaurante. “Necesitamos campañas masivas”, reclamó, pues los menores entran en las redes sociales sin tener la edad legal para poder hacerlo y viven en un entorno “sin reglas claras y con adultos desinformados”. “Tenemos que retrasar la entrega de dispositivos, establecer los tiempos y acompañarles”, zanjó.

El director general de DigitalEs, Miguel Sánchez Galindo, subrayó que es “urgente” el nuevo marco normativo e instó a que debe hacer “una distribución clara de responsabilidades” en la que los desarrolladores de software y plataformas tengan “un papel central”. “No valen excusas económicas ni técnicas para la proteción de la infancia”, por lo que también revindicó la “retirada inmediata” de contenidos ilícitos.