La petición se cursó el pasado 12 de septiembre y Economía se encuentra a la espera de respuesta por parte de la Comisión.

El procedimiento de infracción se comunicó el pasado 17 de julio y contemplaba un plazo de dos meses para responder y subsanar, y en caso de hacerlo “satisfactoriamente”, la Comisión “podría decidir emitir un dictamen motivado”, tal y como informó ese día la Comisión Europea.

El procedimiento se abrió por incumplir la legislación europea al otorgar en las normas nacionales “facultades ilimitadas” al Gobierno para intervenir en fusiones bancarias que chocan con las leyes europeas, tras su decisión de prohibir la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell durante al menos tres años.

Según la Comisión, España incumple el Reglamento sobre el Mecanismo Único de Supervisión y la directiva sobre requisitos de capital, así como los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia españolas, que otorgan al Gobierno español dichas facultades “ilimitadas” para intervenir, “vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales en virtud de la normativa bancaria de la UE”.

Asimismo, considera que estas “amplias facultades discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales”.

Esta extensión coincide con el plazo de aceptación abierto para los accionistas del Banco Sabadell y que termina, si no se amplía, el próximo 7 de octubre.

Aparte de este procedimiento, BBVA también ha presentado un recurso contra la decisión del Gobierno en el Tribunal Supremo y estima que, si el resultado le es favorable, la fusión legal podría adelantarse un año y que se produzca entre 2027 y 2028.