El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Senado, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago se había interesado por este asunto y por la represión a los opositores por parte del régimen de Teherán.

La contestación, recogida por Servimedia, fue remitida a la Cámara Alta el pasado 26 de febrero, dos días antes de que Israel y EEUU iniciasen un ataque contra Irán. Esta ofensiva, entre otros efectos, ha supuesto la muerte del entonces líder supremo del país, Alí Jameneí, quien la mañana del 28 de febrero se encontraba reunido con parte de la cúpula del país en un edificio que fue bombardeado.

Monago había pedido al Gabinete de Sánchez su valoración “sobre la actual situación de derechos humanos en Irán y la respuesta represiva del régimen frente a las protestas ciudadanas”. Esta represión viene siendo ejercida desde hace décadas, de forma principal, por la Guardia Revolucionaria.

VETO A ENTRAR EN LA UE

A este respecto, el Ejecutivo trasladó a Monago que viene condenando “la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en Irán y ha exigido a las autoridades del país que se respeten y garanticen el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica”.

Al mismo tiempo, se afirma que “España ha apoyado la adopción de nuevas sanciones a personas y entidades responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Irán, así como la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el régimen europeo de sanciones por terrorismo”.

El “régimen europeo de sanciones por terrorismo” es el marco jurídico de la UE que permite imponer sanciones a personas, grupos y entidades implicados en actos de terrorismo, tanto dentro como fuera del territorio comunitario. Este sistema se basa en decisiones del Consejo Europeo adoptadas por unanimidad y se aplica a partir de la inclusión de los sujetos afectados en una lista común de organizaciones y personas terroristas.

En la práctica, consiste sobre todo en la congelación de activos y recursos económicos de quienes figuran en la lista, así como en la prohibición de poner fondos o recursos a su disposición, directa o indirectamente. Además, suele incluir la prohibición de viajar al territorio de la Unión para las personas físicas designadas y restricciones relacionadas con la prestación de servicios financieros o económicos. Estas medidas se aplican de manera obligatoria en todos los Estados miembros.

“MISIÓN DE INVESTIGACIÓN”

En su contestación a Monago, el Gabinete de Sánchez añade que ha "mostrado en repetidas ocasiones su preocupación por la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán y ha condenado reiteradamente la violencia ejercida”.

Asimismo, se indica que “España ha copatrocinado en el Consejo de la Unión Europea las sucesivas rondas de sanciones por violaciones de los derechos humanos en Irán desde la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022”.

El Ejecutivo concluye que, en 2025, “España apoyó, en coordinación con los Estados miembros de la Unión Europea, la resolución por la que se extendía el mandato del Relator Especial para la situación de derechos humanos en Irán y por la que se ampliaba el mandato de la misión de investigación en la materia”.