EL GOBIERNO PONE EN MARCHA LA FISCALIA ANTICORRUPCION
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La Fiscaía Anticorrupción comenzará a funcionar en los próximos día tras promulgar hoy el Boletín Oficial del Estado la ley que regula sus funciones, que entra en vigor el mismo día de su publicación.
Esta fiscalía se encargará de los delitos contra la Hacienda Pública, contrabando y control de cambios, prevaricación, abuso o uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y delitos de cohecho.
El fiscal general del Estado será el responsable de decidir cándo es precisa la intervención de esta nueva unidad, prerrogativa que ha sido criticada por el Partido Popular y por las asociaciones de fiscales.
La necesidad de crear esta fiscalía quedó patente en el debate del estado de la nación celebrado los días 19 y 20 de abril de 1994 y su creación ha dado lugar la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La ley establece que, para el adecuado funcionamiento de esta fiscalía, se le adscribirá una Unidad Especial de Policía Judicial y lo profesionales y expertos que sean necesarios para auxiliarla de manera permanente u ocasional.
Asimismo, el fiscal general del Estado podrá designar uno o varios fiscales de cada Fiscalía para su integración en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción, en lo que resulte de competencia de ésta.
Tanto el PP como IU han valorado positivamente este iniciativa, si bien los populares son reticentes a que el fiscal general del Estado sea el responsble de considerar la relevancia de los hechos delictivos que determinen la intervención de la nueva fiscalía. IU, por su parte, instó recientemente al Gobierno a que colabore con el nuevo organimo para "que sea un hecho real. Si no, sería un acto inútil y de propaganda".
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Ortiz Urculo, ha asegurado a Servimedia que la figura del fiscal especial anticorrupción "es inútil y un gasto innecesario", al tiempo que mostró su rechazo a esta ley.
A su juicio, se quitan competencias a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para dárselas a la de nueva creación. "No entendemos", explicó, "por qué no se ha querido ampliar esta fiscalía (la de la Audiencia Nacional) con el fin de emplearla para lo que se quiere".
(SERVIMEDIA)
25 Abr 1995
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