Así lo avanzó este miércoles la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, durante su comparecencia ante la Comisión del ramo del Congreso, donde intervino para explicar las líneas generales de su departamento y dar detalles sobre esta reforma.

Según manifestó, en la fase de exposición pública del anteproyecto se recibieron 248 aportaciones de entidades y personas físicas. Ya “se han recabado los informes preceptivos”, prosiguió, y “se han mantenido reuniones con diferentes colectivos, agentes sociales, y con todos los gobiernos autonómicos”.

A su juicio, “estos debates han enriquecido y mejorado el texto, y sobre todo, nos han permitido explicar en detalle el objetivo y alcance de las reformas a actores fundamentales para el objeto de las dos leyes”.

Martínez precisó que el anteproyecto “se acaba de enviar al Consejo Económico y Social” para continuar después “con su tramitación interna, y remitirlo finalmente al Consejo de Estado”. “Nuestra voluntad es que se remita a las Cortes Generales para su trámite parlamentario a inicios del próximo período de sesiones”, confirmó.

PIDE RESPONSABILIDAD

En su intervención, Martínez destacó “la oportunidad histórica que se abre” con esta reforma, y llamó a todas las fuerzas políticas a “remar en la misma dirección” y a "actuar con mirada larga".

“Las cuestiones relacionadas con la garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, así como la promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia, no son el problema de un Gobierno ni de una legislatura; son una responsabilidad colectiva y un mandato democrático”, recalcó.

Sostuvo además que, en el proceso de tramitación, “ninguno de los actores con los que hemos contrastado el texto de la ley", es decir, comunidades autónomas, sindicatos, patronales, entidades sociales y personas expertas "cuestionaron su contenido y enfoque”.

DÉFICIT DE FINANCIACIÓND

Sin embargo, admitió que “es cierto que algunas voces, especialmente desde los gobiernos autonómicos, han defendido una postura en la que consideran que, sin incremento de financiación, o incluso sin su cumplimiento completo, esta reforma no tiene sentido”.

A su juicio, “reforzar la financiación del sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia es indiscutible”, porque “conocemos el déficit de financiación respecto a los países de nuestro entorno”. Por ello, reiteró “el firme compromiso del Ministerio y del Gobierno” con la mejora de la financiación del sistema, aunque valoró que “no siempre se trata de invertir más, sino de invertir mejor”. “Por eso planteamos un cambio profundo que exige orientar la financiación y los esfuerzos institucionales hacia un modelo basado en la dignidad, los derechos y la autonomía personal”.

APOYO SOCIAL

Según la secretaria de Estado, “existe un cambio social en la percepción tanto de la discapacidad como de la dependencia, y de lo que es y no aceptable en este contexto".

Puso en valor que entidades como el Cermi, que agrupa a las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad y que representa a más de 8.000 asociaciones y entidades en todo el país, las organizaciones de personas mayores, y el Tercer Sector de Acción Social hayan expresado públicamente su respaldo a este Anteproyecto de Ley.

Este apoyo “constituye no solo una señal clara de su necesidad, sino también un impulso social y democrático que debemos tener en cuenta”, declaró.

Martínez apuntó que esta reforma da respuesta a dos mandatos normativos de máxima relevancia. Por un lado, “materializa la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución”, que obliga a los poderes públicos a garantizar la autonomía, la inclusión social, la accesibilidad universal y la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres y a la infancia, y regulando por ley la protección de sus derechos”.

Además, “entronca con la crisis del modelo de cuidados y con lo sucedido en 2020, que nos hizo reflexionar como sociedad sobre los cuidados como una cuestión que debe estar sujeta a unos estándares de derechos humanos, de dignidad y de respeto a las propias decisiones". "Urge plasmar todo esto en nuestro marco legal, para acelerar y consolidar el cambio”, reclamó.

En esta línea, llamó a “mantener un debate sereno” encaminado a “enriquecer y mejorar el texto”, y demandó “un consenso similar” al que obtuvo la modificación del artículo 49 de la Constitución.