La norma será remitida entonces al Congreso de los Diputados para que comience su tramitación parlamentaria, según comentó este jueves María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación -del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- en un acto en Ruente (Cantabria).

Paralelamente, el Consejo de Ministros podría aprobar también el proyecto de ley de normativa básica para los agentes forestales y medioambientales. Así lo hizo en febrero de 2023, pero ambas normas decayeron cuando estaban en el Congreso debido al adelanto de las elecciones generarles al pasado 23 de julio.

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO celebraron que el Gobierno retome su “compromiso” de dotar a los bomberos forestales de un estatuto básico y común en toda España.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mostró el pasado enero su “intención” de que este año vean la luz sendas leyes. “Este uno de los temas que más me motiva en términos emocionales”, comentó Ribera, antes de agregar: “Tenemos que cuidar a los que nos cuidan”.

“Es fundamental que cuenten con unas normas y con unas garantías básicas en todo el territorio, con independencia que puede haber territorios autonómicos en los que haya mejoras, pero, como mínimo, debe haber una norma básica en materia de calificaciones profesionales, condiciones de trabajo, reconocimiento…”, comentó.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2023 sendos proyectos de ley sobre normativa básica para los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales para igualar las condiciones laborales y profesionales de ambos colectivos en toda España, pero ambos textos quedaron aparcados por las elecciones generales del 23 de julio.

Esas dos figuras están actualmente reguladas por las comunidades autónomas conforme a sus competencias, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores. Se trata de dos colectivos que suman unas 20.000 personas.

UN POCO DE HISTORIA

España lucha contra los incendios forestales desde mediados del siglo XIX, lo que queda reflejado en normas como las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 o la real orden de 1858, en las que se configuraba una administración forestal de defensa contra incendios forestales.

El de los agentes forestales y medioambientales es uno de los cuerpos de funcionarios más antiguos de España. Nacieron por una real ordenanza de 1677, que estableció la necesidad de grupos de personas especializadas en la protección de masas arbóreas y la vigilancia de animales salvajes.

Los antecedentes más cercanos de estos agentes son la Guardería Forestal del Estado, creada con la Ley de Montes de 1966, y los sistemas de vigilancia del agua de las confederaciones hidrográficas.

Sin embargo, las comunidades autónomas han asumido las competencias con el cobijo de la Constitución de 1978, con lo que actualmente hay divergencias de las condiciones laborales al no existir un contenido básico común para todo el país.