Así se recoge en el Programa de Estabilidad 2023-2026 que remitió este viernes a la Comisión Europea y en el que se compromete a reducir el déficit hasta el 3% para 2024, cumpliendo así con las reglas fiscales un año antes de lo previsto. Esa senda de consolidación fiscal continuaría en 2025 y 2026, cuando prevé reducirlo hasta el 2,7% y el 2,5%, respectivamente, gracias a la buena evolución de los ingresos.

Estos ingresos públicos se incrementarán, entre otras cosas, por la previsión positiva de la recaudación de impuestos. Hacienda espera recibir hasta 359.080 millones de euros en 2023, lo que supone un crecimiento del 8,8% con respecto al ejercicio anterior y que “sería aún mayor” de no ser por el gasto que acarrean las medidas anticrisis. No obstante, este incremento es más moderado que el registrado en 2022, cuando los ingresos tributarios crecieron un 11,4%.

De hecho, el aumento de la recaudación tributaria se ralentizará durante los próximos años, pero el Gobierno espera que lo haga de forma “progresiva” y registrando una evolución “dinámica”, gracias al crecimiento económico, que será “sólido” y “sostenido” durante los próximos años, según el Ministerio de Asuntos Económicos.

En concreto, la actualización de su cuadro macroeconómico augura que el PIB se expandirá un 2,1% este año y otro 2,4% el siguiente. En 2025 y 2026, la economía española registrará avances serán más moderados, pero significativos: un 1,8% y un 1,7%, respectivamente. Con estos augurios y apuntando a la evidencia empírica, el Ministerio de Asuntos Económicos defiende en el texto remitido a Bruselas que, “en cualquier escenario de crecimiento sostenido de la economía, los ingresos crecen al menos en igual medida que el PIB".

INFLACIÓN

Por otro lado, el Ejecutivo descarta en el Programa de Estabilidad que la futura moderación de la inflación constituya "un factor de riesgo para los ingresos” y volvió a remitirse al crecimiento económico.

“Incluso con tasas de inflación moderadas, los ingresos siguen aumentando si la economía crece”, indica el informe, que vuelve a señalar “que, aproximadamente, tan sólo 5 puntos del aumento de los ingresos tributarios (14,4%), se deben a incrementos de precios por encima del referente del 2% en los últimos años, a pesar de que el IPC creciera, en media del año, un 8,4%”. Esto se debe a que el encarecimiento de los precios solo afecta a la evolución del IVA.

En último lugar, el Gobierno pone en valor los efectos que sobre la recaudación ha tenido la entrada en vigor de la Ley contra el Fraude Fiscal, “que ha tenido un claro impacto positivo, al adoptarse medidas que han permitido reducir el fraude”; el cambio en la conciencia fiscal como consecuencia de la crisis de la covid-19, “donde el sistema de protección desplegado por el Gobierno a través de medidas como los ERTE no protegía a la economía sumergida”; y los comportamientos sociales derivados del crecimiento de los pagos con tarjeta frente a los pagos en efectivo, “explicados no sólo por la limitación del pago en efectivo a 1.000 euros sino también por cambios en el patrón de consumo por el incremento de las compras online”.

“El Gobierno de España, siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas, ha diseñado una estrategia fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar una reducción gradual de la deuda que sea creíble y la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, a través del saneamiento gradual, la inversión y las reformas”, concluye el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas.