Así lo avanzó Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde indicó que se introduce “no una, sino dos prohibiciones”. De esta forma, se lleva a los mecanismos de la reforma laboral el esquema de los ‘ERTE covid’ aprobados en la pandemia, que impedía a las empresas despedir si se acogían a estos instrumentos de apoyo, al tiempo que se introduce “una nueva” limitación, derivada de los costes de la energía.

En este sentido, Díaz señaló que será “injustificado” el despido cuando se derive de causas relacionadas con los costes de la energía y que, de producirse, las empresas tendrán que “devolver las ayudas públicas” percibidas.

“No tendría ningún sentido destinar recursos públicos pagando salarios y cotizaciones sociales si después permitimos despedir a esas empresas”, apuntó la vicepresidenta segunda sobre el mecanismos de los ERTE, y lanzó “un mensaje claro” a los empresarios: “En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir”.

Según destacó Díaz, existen todos los mecanismos de protección social “para que esto no se produzca”, al tiempo que pidió que, especialmente, los empleadores no despidan a colectivos vulnerables en el mercado laboral, como es el caso de los jóvenes.

Preguntada por las críticas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que cargó este martes contra la prohibición del despido, la titular de Trabajo respondió que no está haciendo “nada nuevo” y que es una medida que el propio Garamendi ya acordó en el seno del diálogo social cuando se implementó y se fue renovando el mecanismo extraordinario de los ‘ERTE covid’.

Igualmente, declaró que “seguro” que el presidente de la patronal “tiene la suficiente empatía social” como para entender que “no se puede recibir dinero público y, a la vez, despedir”. Por ello, comentó que el mecanismo de los ‘ERTE covid’ “ha sido muy exitoso” y se mostró confiada en que Garamendi “lo conoce perfectamente, más allá de que comprendo bien que es un empresario y representa los intereses de las empresas de este país”.

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Por otra parte, Díaz también expresó el “mandato” que tiene el Gobierno de “proteger” a quienes viven de alquiler y subrayó que en el real decreto con medidas de respuesta ante la guerra se incluye la limitación de revalorizar los arrendamientos en un máximo del 2%, de acuerdo con el Índice de Garantía de Competitividad.

No obstante, la vicepresidenta segunda precisó que los propietarios que sean personas físicas y no empresas podrán acordar otro incremento con sus inquilinos, aunque de no alcanzarse ese pacto, se aplicaría ese tope del 2%.

Por otro lado, Díaz puso en valor que también se aprobó en Consejo de Ministros este martes el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del bono social en un 15%.

La vicepresidenta segunda anunció también la aprobación de más de 2.700 millones de euros para políticas activas de empleo para mujeres y jóvenes, cuya gestión se abordará por parte del Ministerio de Trabajo con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el próximo 6 de abril. Según adelantó Díaz, son medidas que “tienen que ver con la mudanza de las políticas activas de empleo y la mejora de la empleabilidad, fundamentalmente de mujeres y jóvenes”.

Igualmente, destacó que el Gobierno de España “con carácter inmediato” va a ratificar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de las empleadas de hogar. En este punto, afirmó que el Ministerio de Asuntos Exteriores está a punto de enviarlo a las Cortes Generales.