Así lo aseguró este lunes la ministra del ramo, Elma Saiz, tras la Conferencia Sectorial de la Inmigración celebrada en Madrid, en la que participaron representantes de todas las comunidades autónomas; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres; la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; y los secretarios de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, y de Migraciones, Pilar Cancela.

Además, Saiz aprovechó para anunciar que la próxima Conferencia Sectorial del ramo tendrá lugar “a principios de verano”, y recordó que en abril el Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado otro encuentro sectorial para tratar la situación de los menores extranjeros no acompañados, tras la llegada de unos 4.500 a Canarias en los últimos meses.

En dicha reunión, se plantearán los cambios legales necesarios de cara a su reparto entre comunidades autónomas y también cuestiones relativas a los recursos de atención.

MEJOR GESTIÓN

Según la ministra de Migraciones, su compromiso de “compartir información, que se actualizará a principios de cada mes, fue muy bien acogido por parte de las comunidades autónomas”. Contribuirá a mejorar “la gestión del sistema”, pues permitirá que “las administraciones se planifiquen mejor y optimicen sus recursos”, valoró.

En su opinión, este “camino ya iniciado supone una buena práctica”, porque “indudablemente, esos protocolos de intercambio de información lo que hacen es dar un mejor servicio y ayudarnos para estar mejor preparados para atender el desafío".

Saiz indicó que este compromiso es fruto del trabajo de los grupos técnicos que se pusieron en marcha tras la sectorial de Inmigración del pasado 28 de diciembre para avanzar en el intercambio de información sobre el sistema de atención a personas migrantes y solicitantes de asilo.

LEALTAD INSTITUCIONAL

Asimismo, la ministra apeló a la “bidireccionalidad en las transferencias de información entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, a las que reclamó “lealtad institucional”.

“Es importante contar con vuestra participación tanto en la elaboración de las normas como en la gestión de las llegadas de personas y su integración en nuestra sociedad”, declaró.

En la misma línea, anunció la convocatoria de una nueva Comisión Sectorial de Inmigración para el próximo 9 de abril, e invitó a los responsables de las consejerías a “enviar sus observaciones y aportaciones” respecto a los asuntos planteados hoy, como la situación de la red de acogida estatal y la reforma del Reglamento de Extranjería.

La conferencia sectorial de principios de verano será la segunda de este año y la tercera desde que Elma Saiz llegó al frente del Ministerio.

Por otro lado, Saiz apuntó que “2023 ha sido, con diferencia, el año en que más solicitudes de Protección Internacional se presentaron en España, con unas 163.000". Más de 65.000 personas fueron atendidas en el sistema de Protección Internacional durante 2023”, y en la actualidad permanecen cerca de 36.000.

Agregó que “como todos sabemos, desde principios del verano de 2023 vivimos un crecimiento constante del número de llegadas a nuestras costas, especialmente a Canarias”.

“La situación continúa siendo complicada”, admitió, por lo que el Gobierno decidió ampliar la situación de emergencia hasta el 31 de julio. Por este motivo, explicó, “se ha aumentado la dotación presupuestaria, la capacidad de acogida del sistema se incrementó un 50% y los centros propios que el Ministerio habilitó para atender a estas personas seguirán abiertos".

Saiz reiteró el “compromiso de este Ministerio de ofrecer la atención más humana posible” y agradeció a “todas las administraciones implicadas la estrecha cooperación, en especial de los servicios sociales”. “Gracias a ello hacemos realidad el principio de solidaridad interterritorial e interadministrativa, que debe primar en nuestras actuaciones”, afirmó.

REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

Explicó que la reforma prevista del Reglamento de Extranjería tiene como principal objetivo reducir las múltiples figuras de permisos ahora vigentes y avanzar en la protección de los derechos de los migrantes. Para conseguirlo, el Ministerio plantea varias modificaciones.

En primer lugar, se van a simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia, y de residencia y trabajo, así como los procedimientos administrativos y los requisitos para su tramitación.

En esta línea, Inclusión quiere impulsar la tramitación telemática de los procedimientos de extranjería y regular el estatus propio de familiares de ciudadanos españoles, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. Además, se completará la transposición de la Directiva de Tarjeta Azul para trabajadores altamente cualificados y se adaptará la regulación de las estancias por estudios a la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Por otro lado, la reforma busca desarrollar reglamentariamente la autorización de víctimas de violencia sexual y reforzar la protección de los derechos de los migrantes contra la explotación laboral. “Seguiremos además trabajando en facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas que ya se encuentran en España, fomentando la compatibilidad de formación y trabajo”, señaló Saiz.

Según apuntó, el arraigo por formación ha beneficiado ya a cerca de 32.000 personas. Se comprometió asimismo a reformar la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos como modelo de una gestión de la extranjería ágil y flexible, y a seguir fomentando “las vías para una migración segura, ordenada y regular” como persigue el programa Gecco”, reservado a la migración laboral exclusiva desde su origen.

En la actualidad, el 85% de los participantes en este programa proceden de Marruecos, pero se está ampliando el elenco de países de origen, informó el Ministerio.

El 90% de las usuarias son mujeres, por lo que se trata de “un programa con alto impacto de género”, subrayó.