La prórroga alcanza hasta el 31 de diciembre de 1996 y se aplica a todas las cuencas citadas, excepto a las islas Baleares, al haberse transferido las competencias en materia de aprovechamientos y recursos hidráulicos.

Para garantizar las actuaciones de vigilancia, control e inspección del dominio público hidráulico previstas en el real deceto prorrogado para ralizar obras de acondicionamiento, los organismos de cuenca podrán contratar los medios necesarios con cargo a sus presupuestos o a los créditos que ponga a su disposición la Dirección General de Calidad de las Aguas o de Obras Hidráulicas.

Asimismo, se prevé que la instalación de plantas de desalación temporales en Sevilla y la Zona Gaditana lleven implícitas la declaración de utilidad pública.