Según explicó la propia ministra, su objetivo es llevar la reforma de la Lopivi al Consejo de Ministros en el mes de diciembre de modo que se inicie así el procedimiento para que esta ampliación "se apruebe en en esta legislatura".

"Nos parece muy importante, porque contiene elementos que tienen mucho que ver con la consolidación de derechos de niños y niñas en nuestro país y sobre todo con garantías para erradicar la violencia, porque hemos visto en el último informe que hemos sacado sobre violencia infantil que es muy preocupante", explicó.

Para dar respuesta a la violencia que tiene como víctima a los menores, el texto propuesto por Juventud e Infancia recoge que el plazo para la prescripción de los delitos de violencia sexual contra personas menores de edad se computará a partir de que la víctima cumpla 45 años, frente a los 35 años que contempla el Código Penal actualmente.

La ampliación de estos plazos persigue, según el texto, “ampliar el plazo de prescripción de los delitos contra la libertad sexual y de trata de seres humanos cuando la víctima sea menor de edad, con el fin de garantizar un plazo de garantía más amplio teniendo presentes las consecuencias físicas y psicológicas de estos delitos cuando la víctima es menor de edad”.

En este sentido, Rego mantuvo en la tarde de este miércoles un encuentro con un grupo de niños y niñas representantes de los Consejos de Participación territoriales de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI) y recibió sus propuestas para el Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil, y explicó que la ampliación de ese plazo de prescripción "es una petición de las asociaciones, sobre todo asociaciones de víctimas de la pederastia en relación a la iglesia".

Además, añadió, la denuncia de casos de abusos necesita un proceso largo. "Muchas veces se necesitan muchos años para poder dar el paso y consideramos que hay que ser muy garantistas y muy exigentes", indicó.