El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas fue creado y regulado por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero. El Ministerio de Trabajo y Economía Social explica en un comunicado que se hace necesario relanzar ahora este órgano tras más de diez años de inactividad, en los que no solo han cambiado las empresas españolas, sino también las exigencias de la ciudadanía en cuanto a la responsabilidad social empresarial (RSE), tanto a nivel nacional como internacional.

"Es un objetivo de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y del Ministerio de Trabajo y Economía Social situar a España a la vanguardia europea en todo lo referente a la RSE, reactivando y dando un nuevo impulso a esta política pública para atender a los desafíos medioambientales y sociolaborales, en un contexto de profundas y rápidas transformaciones que también atañen y deben asumir las empresas de nuestro país", señala la nota de Trabajo, que afirma que "reactivar este Consejo busca que la responsabilidad social deje de ser un eslogan y se convierta en una política de país".

El Cerse tiene entre sus competencias la determinación de las condiciones necesarias para el reconocimiento como empresa socialmente responsable, y la elaboración de informes sobre cualquier proyecto normativo con incidencia en materia de RSE.

El Consejo también se ocupa de velar por la implantación efectiva de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. También tiene como función incentivar la creación de alianzas entre las empresas y demás instituciones públicas y privadas para la difusión, el desarrollo y la innovación en materia de RSE.

En las próximas semanas se presentará el trabajo de una comisión internacional de personas expertas en Responsabilidad Social de las Empresas impulsado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Según el ministerio que dirige Yolanda Díaz, será un informe con propuestas concretas, más de 100 medidas de responsabilidad social relativas al respeto de los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación por razón de género, sexo y orientación sexual, o la garantía del trabajo decente, entre otras.