Así lo manifestó el Ejecutivo español a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el que denunció que, con estas medidas, que afectaron a reconocidas ONG españolas e internacionales, incluidas Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam, Israel limita así el trabajo de los actores humanitarios.

España recordó que son actores humanitarios claves “para hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza y atender las necesidades más básicas de la población palestina”.

Esta decisión israelí, señaló el Gobierno, se sumó a la reciente aprobación en la Knesset de la ley que impuso el corte del suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la Unrwa en Israel y en el Territorio Ocupado de Palestina, además de retirarle sus inmunidades y privilegios.

El Gobierno de España reiteró por ello “su más profunda preocupación por el severo impacto que estas decisiones van a tener en la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y el Territorio Palestino Ocupado”.

Por todo ello, instó al Gobierno de Israel a revertir estas “inaceptables decisiones” que impiden trabajar a los actores humanitarios “que salvan vidas y atienden las urgentes necesidades básicas de la población civil palestina y de refugiados en Gaza, en Cisjordania y en toda la región de Oriente Medio”.

Finalmente, el Gobierno de España recordó la obligación legal del Gobierno de Israel de cumplir como potencia ocupante con el derecho internacional, en particular con la IV Convención de Ginebra y la protección de la población civil, y de acatar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, incluidas las opiniones consultivas emitidas en julio 2024 y en octubre 2025.