Abusos
El Gobierno recibe 300 solicitudes para reparar abusos eclesiales en apenas dos semanas
- Abierta el 15 de abril, atiende casos sin recorrido judicial cuyas víctimas no quieren acudir directamente a la Iglesia
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La Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia católica del Gobierno ha recibido 300 solicitudes en sus primeros 15 días de funcionamiento. Esta unidad tramita las solicitudes de víctimas que quieren acogerse al sistema de reparación abierto por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo para quienes no quieran acceder a la comisión Priva de la Iglesia.
El Priva (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso), impulsado en 2024 por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, ha recibido un total de 156 solicitudes de reparación desde que empezó a gestionarlas en febrero de 2025.
Por su parte, la oficina del Gobierno para tramitar indemnizaciones a víctimas de pederastia en la Iglesia "acumula 300 solicitudes desde su apertura el 15 de abril", según destacaron este jueves a Servimedia fuentes del Ministerio de Justicia.
El Gobierno subrayó, en este sentido, que las 300 solicitudes planteadas hasta el momento "son casi cuatro veces más peticiones que las recibidas por el plan Priva de la propia Iglesia en todo un año de funcionamiento".
La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibe las solicitudes a través de su sede electrónica ('www.mpr.gob.es') y ofrece orientación a las víctimas vía correo electrónico ('reparacion.abusosIC@mpr.es') y por teléfono (91 837 22 95).
Las solicitudes recibidas se remiten a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que será la responsable de elaborar la propuesta económica de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.
Si hubiese discrepancias, se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para tratar de llegar a un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra a la hora de fijar la indemnización a cobrar por el solicitante.
(SERVIMEDIA)
30 Abr 2026
AHP/pai


