A través de fuentes de la Guardia Civil, el Ejecutivo salió al paso de las informaciones publicadas por los medios de comunicación sobre la supuesta presión que Leire Díez ejerció en diferentes instituciones y que aparecen recogidas en el sumario de la investigación judicial que desarrolla el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El primer encuentro entre Díez y González se produjo durante “15 minutos” en una “cafetería cercana” a la Dirección General de la Guardia Civil para comunicarle “su nueva situación laboral” tras salir de Correos para trasladarle “que está ejerciendo de freelance, recuperando así su labor en el mundo del periodismo, sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”.

Ahí se vieron “personalmente por primera vez” pero el Gobierno sostiene que “no se habla de nada relacionado” con la Guardia Civil y la directora “entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”.

Sin concretar expresamente cuándo se produjo un segundo encuentro, las mismas fuentes recalcaron que fue “de las mismas características y contenido que el primero”.

“Pasados varios meses”, Díez volvió a conectar con la directora de la Guardia Civil para verse de nuevo, aunque la cita se anuló por la enfermedad de un familiar. Sin embargo, el encuentro se retomó “tiempo más tarde en las mismas circunstancias que las anteriores, sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil” y “ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar”.

En esta tercera conversación, el Gobierno reconoce ahora que la militante del PSOE y persona cercana a Santos Cerdán le planteó a la directora de la Guardia Civil “si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo” tras verse implicado en el ‘caso Koldo’, por lo que fue detenido.

“Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”, sostiene el Gobierno.