Así lo expresó Torres en unas declaraciones difundidas por el Ministerio después de responder a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en una carta en la que recordó que el mecanismo de derivación de niños y adolescentes migrantes continúa vigente mientras se mantenga la contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla y recordó a la comunidad la obligación legal de acogerles.

El ministro aclaró que, si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo, la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida. En consecuencia, el sistema de reubicación de menores previsto en la normativa estatal “debe seguir aplicándose”.

En la carta, el ministro señaló que el pasado 26 de marzo tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores procedentes de Ceuta tras la alegación de la Comunidad de Madrid indicando que no procedía su ejecución.

Ante esa situación, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó, en un decreto emitido el 27 de marzo, que las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión. Por esto, el ministro recordó a Madrid que dichas reubicaciones “cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley”.

Del mismo modo, el ministro dijo que la Comunidad de Madrid está gobernada por el PP, misma fuerza política que gobierna en Ceuta y Melilla y que cogobierna en Canarias, por lo que los “compañeros de Díaz Ayuso que gobiernan en esos territorios en contingencia deberían exigir explicaciones a Madrid sobre su negativa y por qué pone tantos impedimentos a un sistema que está permitiendo aliviar el hacinamiento y mejorar la vida de esos niños y adolescentes migrantes no acompañados”.

Torres destacó también que este mecanismo activado para dar una respuesta conjunta en todos los territorios al fenómeno migratorio es un “hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”.

Torres insistió en que todas las actuaciones se realizan para garantizar la seguridad jurídica de las administraciones implicadas y, especialmente, el pleno respeto a los Derechos Humanos y al principio del interés superior del menor. Por eso, reiteró su disposición al diálogo y a la cooperación institucional con todas las comunidades autónomas para asegurar una respuesta “eficaz, legal y centrada” en la protección de los menores.