Según informó el ministerio, durante el encuentro Bolaños explicó a un grupo de representantes de víctimas de abusos en el ámbito eclesial "los detalles del sistema de reconocimiento y reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo" y que las tres instituciones rubricaron hace unos días.

En la reunión, que se celebró en el Palacio de Parcent (Madrid), el ministro expuso cómo funcionará este sistema que permitirá dar respuesta a aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial, bien porque ha muerto el agresor o porque los delitos han prescrito.

Con este protocolo, según la Conferencia Episcopal, se ofrece una nueva vía de acceso al plan establecido con el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (Priva) y la comisión asesora que trabaja desde febrero de 2025, que ya ha atendido las 131 solicitudes que han recibido respecto a casos sin recorrido judicial. La Iglesia subrayó en un comunicado tras la firma del protocolo que el Defensor del Pueblo tendrá en cuenta aquellos casos ya reparados a través del Priva.

Justicia subrayó este martes que se trata de "un mecanismo pionero" que contempla "reparaciones simbólicas" y compensaciones económicas "a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones".

El ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación que se comunicará a las partes. "Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso. Si no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo", explicó Justicia.

VÍCTIMAS

El presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, explicó este martes a Servimedia que "para indemnizar hay que tener baremos", pero que desde el Ejecutivo les trasladaron que en la negociación "no querían entrar en cuantías", porque los casos son "distintos" y se ha dejado "abierto" para "decidir en cada caso".

Cuatrecasas aplaudió que, "a diferencia del plan Priva", con el nuevo protocolo "se va a poder ver en qué se basa que se conceda una cantidad de indemnización" y las víctimas podrán conocerlo con antelación y presentar alegaciones con un plazo de 15 días.

Por otra parte, el presidente de ANIR explicó que Bolaños confirmó durante la reunión con las víctimas que "el tratamiento fiscal está en curso", uno de los puntos que ha reivindicado la Iglesia durante la negociación del protocolo. Se han dado situaciones de perjudicados que han tenido que pagar impuestos a Hacienda por las indemnizaciones que han cobrado al ser reconocidos como víctimas. Esta cuestión, dijo, afectará más a las víctimas que hayan acudido al Priva inicial, pues quienes utilicen la nueva vía abierta por el Gobierno a partir del 15 de abril ya podrían estar exentos de tributar en el IRPF.