Se trata del proyecto de Ley de Reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administración de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad, así como de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

Según informó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), fue esta entidad la que inspiró la reforma, que será técnica y eminentemente de carácter formalista.

Su objetivo es resolver determinados problemas prácticos que se planteaban en relación con la inscripción de ciertas situaciones que afectan al estado civil de algunas personas con discapacidad (incapacitaciones, cargos tutelares, patrimonios protegidos, etc.).

A partir de este cambio normativo, todas las cuestiones que tengan relación con las incapacitaciones, cargos tutelares, patrimonios protegidos, etc. se inscribirán tanto en el Registro Civil Municipal (el único hasta ahora en el que se inscribían) como en el Registro Civil Central.

Este cambio, según el Cermi, "aumentará la seguridad jurídica", ya que existirá un registro nacional centralizado de estas situaciones, consultable por quien acredite interés legítimo y a salvo de la preceptiva protección de datos personales.

El director ejecutivo del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, explicó a Servimedia que hasta ahora podía darse la circunstancia de que una persona incapacitada para ejercer ciertos derechos, inscrita como tal en una determinada ciudad, los ejerciera, sin embargo, en otra, algo que se evitará con esta reforma.

MAYOR SEGURIDAD

Otro aspecto importante de la modificación de estos textos normativos es el que dotará al Ministerio Fiscal de poderes para investigar con más fuerza al tutor de la persona incapacitada, con el fin de poder corroborar así que está actuando de forma "honesta", dijo Pérez Bueno.

En esta misma línea se pronunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que con estas reformas se garantizará "que nadie pueda abusar ni de los bienes ni de los derechos" de las personas con discapacidad.

Asimismo, según la plataforma representativa de las personas con discapacidad, la reforma permitirá llevar estadísticas nacionales y "facilitará enormemente la labor del Ministerio Fiscal en el seguimiento y supervisión de las tutelas, las curatelas y los patrimonios protegidos, función que le encomienda la ley".

El proyecto de ley se ha acordado por unanimidad de todas las partes presentes en el Grupo de Trabajo: Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Fiscalía General del Estado, Consejo General del Notariado y Cermi.

"Hay que poner de relieve", subraya el Cermi, "que la elaboración de la iniciativa ha sido fruto de un proceso muy activo y participativo, en el que el tejido asociativo de la discapacidad se ha sentido atendido y escuchado".

Aparte de este nuevo "avance normativo", el Ministerio de Justicia se ha comprometido a iniciar el proceso de estudio para la reforma de la regulación sustantiva y procesal de las incapacitaciones judiciales, que a partir de ahora se denominarán "procesos de modificación de la capacidad de obrar", evitando la connotación negativa que lleva aparejada la palabra "incapacitación".